Madrid. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, será procesado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, con lo que se convertirá en el primer máximo representante del Ministerio Público español en sentarse en el banquillo de los acusados al mismo tiempo que tiene la encomienda de ser el principal responsable de perseguir cualquier tipo de delito en el país.

A pesar del clamor de una gran parte de la carrera judicial, tanto de jueces como de fiscales, y de la derecha española para que dimita, el fiscal y el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez, anunciaron que seguirá en el cargo.

Filtración ordenada

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó la investigación y entre otras cosas asegura que García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, recibieron indicaciones de la presidencia del gobierno para filtrar a los medios de comunicación mensajes y documentos relacionados con el caso de presunto fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, quien además es la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que es perfectamente sostenible que García Ortiz siga siendo fiscal general pese a estar procesado, porque estamos ante un auto que no es firme y cabe recurso de reforma y recurso de apelación. Y para defender la presunción de inocencia de un servidor público ejemplar y que cuenta con la confianza del gobierno para seguir ejerciendo sus labores como fiscal general.