La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de bloquear la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en 2021 contra fabricantes de armas, ha generado indignación entre defensores de derechos humanos, víctimas, políticos y académicos de ambos países. El máximo tribunal desestimó el litigio argumentando que México no probó una relación directa entre la fabricación de armas y su tráfico ilegal, fenómeno que, según autoridades mexicanas, alimenta la violencia de los cárteles.

La demanda buscaba responsabilizar a empresas armamentísticas por facilitar el flujo ilícito de armas a México y durante el curso del proceso judicial recibió amplio respaldo mediante documentos amicus curiae (amigo de la Corte) de organizaciones, activistas, grupos de investigadores, legisladores y víctimas de la violencia.

Gun Violence Prevention at the Center for American Progress, organización que apoyó la demanda mexicana, lamentó que la falta de rendición de cuentas de la industria armamentística socave la seguridad nacional de ambos países. Advirtió que las mismas prácticas que alimentan la violencia en México también provocan que las armas de fuego sean la principal causa de muerte entre jóvenes estadunidenses. Aun así, valoró que el tribunal rechazó otorgar inmunidad total a la industria y dejó abierta la posibilidad de buscar justicia por otras vías. Llamó al Congreso estadunidense a derogar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad a los fabricantes.

El senador de Connecticut Richard Blumenthal, quien también envió un amicus curiae, insistió en la urgencia de derogar la PLCAA. Calificó esta ley como un trato de favor que da inmunidad legal a una industria cuyos productos causan decenas de miles de muertes cada año.

David Pucino, director legal de Giffords Law Center, otra organización que respaldó la demanda, reconoció que la decisión cierra el litigio, pero no la determinación social de exigir responsabilidades. Subrayó que los jueces no concedieron la inmunidad amplia que pedía la industria, permitiendo que las víctimas aún busquen justicia.

El académico Carlos A. Pérez Ricart, también firmante de un amicus curiae a favor de México, sentenció: Otra vez, la industria queda blindada. No importa cuántas balas crucen la frontera ni cuántos muertos haya del lado mexicano. Lo que mata no es sólo el plomo: es la impunidad legal que Washington garantiza.

Adrián LeBarón, cuya familia fue asesinada en 2019, expresó su consternación tras el veredicto: México pone los muertos, y eso duele mucho, escribió en la plataforma X. LeBarón, otro firmante de un amicus curiae, urgió a ambos gobiernos a poner controles más estrictos contra el tráfico de armas y dijo que la responsabilidad de un crimen cometido con un arma debe rastrearse hasta su origen y cesar la impunidad del comercio para evitar que México siga siendo un semillero de víctimas.