Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que su intención es respetar el calendario democrático y celebrar las elecciones generales en 2027, como está previsto. La declaración tuvo lugar en medio de una creciente presión por parte del Partido Popular, que exige un adelanto electoral ante la oleada de escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo y la parálisis legislativa provocada por su débil mayoría en el Congreso.

Sánchez no declaraba ante los medios de comunicación desde finales de abril, poco después del histórico apagón eléctrico que puso en duda el sistema de infraestructuras del país y tras el estallido de varios escándalos de corrupción en su entorno. El caso más grave involucró a su ex secretario de organización y ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, señalado por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.

Conspiran contra investigaciones

Además, durante la última semana se divulgaron grabaciones en las que se escuchaba a Leire Díez, militante destacada del partido y cercana a la dirección política, conspirar para frenar las investigaciones judiciales contra la cúpula del partido y desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lideraba las indagaciones.

Frente a ese cúmulo de escándalos, todos adversos al gobierno, el presidente Sánchez optó por concentrarse en su agenda internacional. No ofreció conferencias de prensa ni compareció ante el Congreso ni el Senado. Por eso, su aparición pública, en el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, resultó especialmente significativa. Ahí, escuchó a los mandatarios del Partido Popular –mayoritarios en la reunión– exigir que convocara a elecciones anticipadas para cerrar una legislatura que no da para más, según afirmaron.

Entre sus principales críticas destacaba la incapacidad del Ejecutivo para aprobar un nuevo presupuesto general desde las elecciones generales de julio de 2023, así como su falta de avances en las reformas anunciadas. Esto se debió, en parte, a que dependía del apoyo de hasta siete grupos políticos de distintas ideologías.

Durante la reunión se generó tensión por la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La mandataria derechista abandonó el encuentro cuando sus homólogos del país Vasco y Cataluña utilizaron el euskera y el catalán para expresarse. Además, se negó a saludar de beso a los ministros y se enfrentó directamente con la ministra de Sanidad, a quien acusó de haberla llamado asesina por su gestión durante el confinamiento en las residencias de adultos mayores.

Ante este panorama, el presidente llamó a dejar la crispación en el perchero y respondió a las presiones por un adelanto electoral con una advertencia clara: la intención del gobierno es respetar los tiempos de la democracia.