San Salvador., Una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia en El Salvador que ordene la liberación de la abogada Ruth López, detenida el 18 de mayo, horas después de que el presidente Nayib Bukele aseveró que le tiene sin cuidado que lo llamen dictador, ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de defensores de causas sociales y acciones contra sus agrupaciones.

La abogada denunciaba la corrupción en el gobierno de Bukele y asistía a 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en una prisión de máxima seguridad en este país centroamericano.

Cristosal, asociación a la que pertenece López, argumentó ante la Corte Suprema que después de más de 15 días de detención, continúa privada de libertad sin acusación formal en su contra.

Agregó que López ni siquiera ha sido presentada ante ningún juzgado para que conozca la acusación en su contra y afirmó que fue detenida sin orden judicial (válida) mediante engaños por agentes de la Policía Nacional Civil.

La fiscalía asegura que López habría cometido peculado cuando era asesora del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas (2009-2014), detenido en febrero y acusado de enriquecimiento ilícito.

Bukele pronunció antenoche un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.

Acusó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de defender pandilleros y de activismo político; además, fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un ataque organizado contra su gobierno.

¿Saben qué?, me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles, expresó al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura de represión a la libertades civiles.

Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser relegido con 85 por ciento de apoyo popular por su guerra antipandillas, la cual redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad, ironizó.

Persecución de opositores

En mayo fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y, en febrero, el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, Fidel Zavala, fue acusado de vínculos con pandillas.

Las agrupaciones de causas sociales han documentado que 86 mil personas acusadas de ser pandilleros o cómplices han sido detenidas; aseguran que unas 400 civiles han muerto en prisión, donde además hay miles de inocentes.

El gobernante asevera que 200 mil salvadoreños fueron asesinados por las pandillas en los más de 30 años en los que sembraron el terror en el país.

En su discurso, el mandatario también defendió ayer la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a las ONG a empadronarse y pagar un impuesto de 30 por ciento de los fondos que reciban.

Bukele criticó a los congresistas demócratas de Estados Unidos que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado por la Casa Blanca por error, pues contaba con protección legal.

Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia.