Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos volvió a allanar ayer el camino para que la administración del presidente Donald Trump elimine las protecciones legales temporales de las que gozan cientos de miles de migrantes.

Los magistrados levantaron la orden de un tribunal inferior que mantenía vigente la libertad condicional humanitaria a favor de más de 500 mil indocumentados procedentes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Dos jueces disintieron de manera pública.

La Casa Blanca presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema después de que una jueza federal en Boston, Indira Talwani, bloqueó el intento del gobierno de poner fin al programa Parole humanitario (libertad condicional), impulsado por el gobierno de Joe Biden.

El Departamento de Justicia argumenta que las protecciones para las personas que huyen de la agitación en sus países de origen siempre estuvieron destinadas a ser temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial.

La impartidora de justicia Ketanji Brown Jackson, una de las dos que no estuvieron de acuerdo con el fallo, argumentó que el efecto de la orden de la corte es hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus acciones jurídicas. La jueza Sonia Sotomayor se unió a la disidencia.

Jackson respaldó a Talwani, quien dictaminó que poner fin a las protecciones legales de manera anticipada dejaría a las personas con una elección drástica: huir del país o arriesgarse a perderlo todo. Su fallo se produjo a mediados de abril, poco antes de que los permisos debieran ser cancelados. Un tribunal de apelaciones se negó a levantarlo.

Razones humanitarias de la protección

El profesor universitario jubilado Wilfredo Sánchez, venezolano de 73 años, quien lleva un año y medio con parole en Denver, junto con su hija, médica y ciudadana estadunidense, podría ser uno de los afectados.

Estaba solo en Venezuela, con diabetes e hipertensión. He estado tranquilo, feliz con mi hija, su esposo y mis nietos. Tengo todo mi tratamiento médico al día (...) Devolverme a Venezuela es morirme, no sólo por mi condición médica, sino por la soledad, agregó. La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avance en el tribunal federal de apelaciones para el primer circuito en Boston. Talwani, quien fue designada por el ex presidente demócrata Barack Obama, permitió revocaciones de permisos, pero caso por caso.

Perjuicio masivo y solución colectiva

Sin embargo, el gobierno federal argumentó que la protección fue otorgado en masa, y la ley no requiere terminarlo de manera individual.

Abordar cada caso individualmente sería una tarea gigantesca y ralentizaría los esfuerzos del gobierno de presionar por su deportación, argumentó el procurador general, D. John Sauer.

Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad especial del Ejecutivo en vigor desde 1952.

Los beneficiarios incluyeron a 532 mil personas en cuyo arribo mediaron patrocinadores financieros desde finales de 2022, tras dejar sus países de origen debido a inestabilidad, peligros y privaciones, dijeron sus abogados. Tuvieron que pagar sus vuelos hacia Estados Unidos y tener un patrocinador financiero para calificar a la designación, que dura dos años.

La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva de permisos humanitarios, calificado como el mayor evento de regularización migratoria masiva en la historia moderna de Estados Unidos por los abogados dedicados a causas de indocumentados.