Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), impugnó el fallo de un juez de distrito que le negó el amparo para que se cancele el proceso que se le sigue por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades. El asunto está relacionado con el desvío de recursos públicos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El caso se turnó al décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México.

La autoridades acusan a Wendy Gabriela de haber firmado un contrato por 23 millones de pesos con una universidad pública. La quejosa enfrenta el proceso en libertad y no tiene medidas cautelares, en tanto que hasta la fecha de la presentación del amparo no se ha celebrado la audiencia intermedia en la causa penal.

En su demanda, la quejosa reclamó la resolución del 3 de julio de 2024, donde el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte determinó improcedente el sobreseimiento de la causa.

De acuerdo con el expediente, las razones principales por las que el juez de control negó el sobreseimiento fueron que la defensa intentaba rexaminar una cuestión jurídica que ya se había considerado en la vinculación a proceso. Y que si no se había impugnado en su momento tal actuación procedimental mediante recursos ordinarios o incluso el amparo, como juzgador estaba impedido de revisar o modificar la decisión tomada previamente.

Asimismo, que de una revisión preliminar de la vinculación a proceso en la causa penal en la que actualmente se encontraba inmersa la quejosa, advirtió que no se sustentaba sólo en normas administrativas, sino también en disposiciones constitucionales.

En 2023, la Fiscalía General de la República imputó a Arrieta Camacho por supuestamente haber suscrito el anexo técnico 3 del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la dependencia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de la Sedesol.

Para las autoridades fue un contrato indebido por parte de la universidad.