s bueno saber que, según el secretario Coca-Cola Mario Delgado, más de 19 millones de niños, 92 por ciento del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182 mil escuelas públicas de nuestro país, 90 por ciento (perdónenlo: ni en los números se pone de acuerdo), pero el problema es que debería ser 100 por ciento. Y en estas cifras descuadradas aparecen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes sin duda tienen todo el derecho de reclamar lo que a ellos corresponde, aunque, en los hechos, han dejado sin clases a cerca de 2 millones de estudiantes (de acuerdo con el censo de la SEP, suman alrededor de 24 millones en todo el país), es decir, el 8-10 por ciento faltante que dice el funcionario Sabritas.

No se trata de un asunto menor: ¿realmente es difícil compatibilizar obligaciones con derechos, atender las primeras y reivindicar los segundos? En una negociación, ¿se requieren cientos y cientos –algunos aseguran que son miles– de maestros para sentarse a una mesa y llegar a acuerdos? ¿No bastaría una delegación –sólida, confiable, representativa de la base– para que los demás compañeros puedan seguir en funciones y los niños mantengan su cadena de aprendizaje?

La exigencia central de la CNTE es por demás justa: Felipe Calderón y su banda de pandilleros tasajearon los derechos laborales y pensionarios del gremio magisterial. Eso fue en marzo de 2007, mediante una iniciativa de ley que aprobó la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Desde aquellas fechas, los integrantes de la coordinadora se manifestaron en contra, organizaron marchas, reclamaron por el atraco, y a cambio obtuvieron garrotazos tras garrotazos, represión tras represión y asesinatos de sus integrantes, como en Nochixtlán.

Salvo eso, nada, y desde entonces, de forma por demás válida, mantienen su lucha y sus reivindicaciones, pero llama la atención que en esta nueva etapa los maestros participantes se movilizan hacia prácticamente todas partes (aeropuertos, instituciones electorales, casetas de peaje, medios de comunicación, INE, Palacio Nacional, etcétera, etcétera)… menos a donde sus derechos fueron tasajeados, es decir, las cámaras de Diputados y Senadores (y sus respectivos partidos políticos, principalmente PAN y PRI, que lo avalaron), porque fue en esas instancias en donde legalizaron el golpe (siempre con la tecnocracia canalla tras bambalinas, con Borolas al frente). Y para el júnior y la funcionaria que entonces operaron la reforma desde la oficina principal de la Secretaría calderonista de Educación Pública, Claudio X. González Guajardo y la panista Josefina Vázquez Mota, ni siquiera una mentada de madre.

En aquel marzo de 2007, si bien no todos los legisladores votaron a favor de la citada reforma, sí lo hizo la mayoría: de los 459 diputados presentes en aquella ocasión, 313 se pronunciaron por la afirmativa (196 PAN, 89 PRI, 16 PVEM, 8 PNA, 4 PASC), 146 en contra (PRD 118, 16 Conv, 11 PT, 1 PASC) y dos abstenciones (se puede consultar el detalle en https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/60/tabla1or2-14.php3).

Dicho sea de paso, esa reforma al Issste también privatizó, vía subrogación, la mayoría –por no decir todos– de sus servicios en beneficio de la mafia hospitalaria privada, con Grupo Ángeles, del ya fallecido Olegario Vázquez Raña, a la cabeza (los maestros tampoco han visitado a ese corporativo), de tal suerte que lo aprobado por los legisladores y sus titiriteros fue depredador para los maestros, sí, pero también para los derechohabientes.

Entonces, memoria y serenidad. Negocien y triunfen, pero primero no dejen a los niños sin clases; formen una comisión –compacta, no marabunta– y siéntense a la mesa, porque es muy delicado lo dicho ayer por la presidenta Sheinbaum: Fíjense qué curioso: (los maestros de la CNTE) plantean ir al INE. Me pregunto: ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del Issste del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que la derecha.

Las rebanadas del pastel

En los pasillos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, uno de sus funcionarios advirtió a la representación legal de La Jornada: No les vaya a pasar lo mismo que a Notimex, y con esa actitud golpista e inmunda han actuado el director general de esa instancia, Alfredo Domínguez Marrufo (subsecretario del Trabajo con Luisa María Alcalde), el juez Edgar Iván Jordán Chávez, Francisco Luis Sáenz García, coordinador de Conciliación Colectiva, y, desde luego, El Padrino, Arturo Alcalde Justiniani, el titiritero de todos ellos.

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