Oaxaca, Oax., Treinta y tres organizaciones defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio alertaron sobre la crisis de esas garantías que atraviesa el estado de Oaxaca y que la administración del gobernador Salomón Jara Cruz ha ignorado y negado, a pesar de que tiene diversas vertientes que incluyen seguridad, salud, diversidad sexual y criminalización de la protesta social. Los activistas presentaron una serie de propuestas que consideran necesarias para dar atención a esta situación y corregirla.

En conferencia informaron que el 9 de mayo fue presentado el documento Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, durante la visita de representantes de la embajada de los Países Bajos.

En dicho texto se señalan diversas violaciones cometidas durante la administración jarista, que han sido de gran interés de dicho país.

En el documento se hace énfasis en problemáticas como los asesinatos de personas por conflictos agrarios y defensores de la tierra y el territorio, las agresiones hacia defensores, el incremento de la violencia feminicida, así como el derecho a la diversidad sexual, a la salud, a la seguridad y a un medio ambiente sano, además del derecho a la organización y participación ciudadana, a la injerencia política de las mujeres y finalmente el derecho a la información y a la comunicación.

Criminalizan protesta social

Lamentaron cómo el gobierno del morenista Salomón Jara criminaliza la protesta social, lejos de atender lo que la ocasiona; “Oaxaca ocupa el primer lugar en asesinatos de personas defensoras, le siguen Guerrero, con 39 por ciento, y Chiapas, con 17 por ciento.

Entre los casos referidos destacaron el de la activista Sandra Domínguez, desaparecida en octubre de 2024 y quien fue localizada sin vida en abril pasado.

Agregaron que, de acuerdo con el observatorio sobre el feminicidio, que coordina el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, durante la administración de Salomón Jara se han registrado 237 muertes violentas de niñas y mujeres.

Destacaron también la situación del sistema estatal de salud, que se encuentra en una situación deplorable, lo cual se demuestra con los paros de labores realizados por el personal del hospital Doctor Aurelio Valdivieso, que en enero pasado suspendió cirugías y atención de urgencias quirúrgicas por una crisis hospitalaria debido a la falta de insumos, material de curación, medicamentos y servicios integrales.

Los defensores puntualizaron que el objetivo de estas organizaciones no es ir en contra de ningún gobierno o un motivo político, sino exponer la situación que se vive actualmente y buscar revertirla, por ello es que se están presentando diversas propuestas, no se trata sólo de señalar, sino corregir.

Oídos sordos del gobierno

Consideraron lamentable que, al acercarse a la mitad de su administración, el mandatario ha hecho oídos sordos a los grupos de defensoras y defensores, quienes alzan la voz para solicitar corregir el rumbo.

Neftalí Reyes Méndez quien forma parte del Frente no a la Minería, por un Futuro para Todas y Todos”, lamentó que “el gobierno de Salomón Jara, lejos de representar un gobierno de izquierda, simboliza una regresión en términos de la violación a los derechos humanos".

Lo más grave, subrayó, es que lejos de reconocer y atender la situación que vive el estado, utiliza todo el aparato gubernamental para criminalizar y deslegitimar a la sociedad civil, lo que pone en riesgo a quienes se atreven a señalar la crisis de derechos humanos que atraviesa Oaxaca.

Refirieron que la situación que se enfrenta en el estado tiene diversas aristas que deben ser atendidas, por ello realizaron un decálogo de recomendaciones que serán entregadas a las autoridades a fin de que sean tomadas en cuenta y también para participar en una mesa de trabajo conjunta y así poder mejorar la situación que se vive actualmente en Oaxaca.