Buenos Aires. Más de 80 heridos, entre ellos periodistas, fotógrafos y camarógrafos y unos cuatro detenidos es el resultado de la desmedida represión de cuatro fuerzas de seguridad contra la manifestación de jubilados frente al edificio del Congreso, rodeado por vallas de acero y cuatro líneas de agentes federales, de la ciudad, de la Gendarmería, la Prefectura e infiltrados de civil.

Mientras, el gobierno del presidente Javier Milei forzó la caída de la sesión de la Cámara Diputados que debían decidir sobre el aumento de las pensiones y la suspensión de la llamada moratoria que permitía jubilarse a miles que habían trabajado años en el sector informal, además de limitar el derecho a la huelga, al ampliar las actividades consideradas esenciales mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Los jubilados organizados reclaman todos los miércoles en una marcha pacífica alrededor del Congreso, ante la gravedad de su situación económica que no les permite llegar a fin de mes, comiendo una vez por día, y a los que les suprimieron los remedios que les entregaba la seguridad social. En las últimas dos represiones fueron golpeados sacerdotes que trabajan y viven en las villas miserias, nombradas así por el fallecido papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. La cantidad de uniformados para los operativos de seguridad son excesivos, además de cortar las calles a cuatro o cinco cuadras a la redonda del Congreso.

Por otra parte, en la provincia de Tierra del Fuego, miles de trabajadores metalúrgicos acompañados de sus familias realizan un paro indefinido ante la decisión del gobierno de no cobrar impuestos a la importación de celulares y artefactos eléctricos, que se producían en Río Grande, en esa isla del fin del mundo.

La mayoría de la población de toda la isla proviene de distintas provincias del país, se trasladaron desde hace años, cuando comenzaron a instalarse empresas, a pesar de lo duro de clima.

Por eso advirtieron que además de su trabajo estaban poblando una isla casi desierta y por lo tanto aseguraban soberanía, ya que está frente a las Islas Malvinas ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833.

En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se despobló Tolhuin destruyendo todas las empresas ensambladoras que existían en el lugar para dar lugar a una base de la Nasa estadunidense, de supuesto control de explosiones nucleares.

Ahora, la base militar de Usuhaía, capital de Tierra de Fuego, es una base estratégica de Estados Unidos, bajo el control del Comando Sur. Los 8 mil trabajadores metalúrgicos y sus familias deberán abandonar el lugar.

Asimismo, el gobierno le dio el sablazo final a la Secretaría de Derechos Humanos, como señala Luciana Betpia en Página/12, ante el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, que se convertirá en una subsecretaría y acabará con las funciones de Memoria, Verdad y Justicia.

Se esperan otras modificaciones. Circula desde ayer un proyecto de decreto que pretende hacer cambios sobre el museo que funciona en lo que fue el casino de oficiales, donde hubo aproximadamente 5 mil personas secuestradas durante los años del terrorismo de Estado, y sobre el Archivo Nacional de la Memoria, donde está resguardado el fondo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El gobierno pretende que ambas instituciones pasen a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, creado por un acuerdo entre el Estado argentino y la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sostiene Bertoia.

Ya se han desmantelado una cantidad de los siniestros Centros Clandestinos de Detención de la pasada dictadura bajo control de los organismos de Derechos Humanos. La entrada de la Escuela Mecánica de la Armada está controlada por policías y ya se ha despedido a más de la mitad de los trabajadores que cuidaban los hasta ahora lugares de preservación de la memoria.

En tanto, la Confederación General del Trabajo y otras centrales sindicales, así como partidos políticos, se preparan para resistir la eliminación del derecho a la huelga, y otra cantidad de decretos que terminan con todos los derechos vigentes, como sucede con la destrucción de Aerolíneas Argentinas como lo dispone otro decretazo del gobierno lesivo para la soberanía del país, incluyendo la posibilidad de vender todas las oficinas comerciales de todo el mundo.