La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseveró que al incorporar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al organismo Transparencia para el Pueblo, éste no será juez y parte ni tendrá la última palabra ante las solicitudes sobre rendición de cuentas, ya que un tribunal especializado será el encargado de resolver las controversias.

En conferencia de prensa en las que fueron las instalaciones del INAI, explicó que Transparencia para el Pueblo absorberá 80 por ciento de las funciones del extinto instituto, pero con ahorro de 52 por ciento del gasto (más de 500 millones de pesos al año), gracias a una reorganización. A la par, se creó la unidad enfocada a la protección de datos personales, la cual estará adscrita a esta secretaría.

“El INAI tenía una estructura de pirámide invertida: con 28 direcciones generales, que son demasiadas, y pocas personas de las que ‘arrastran el lápiz’ y son las que trabajan”, indicó la funcionaria federal.

Acompañada de la titular de Transparencia para el Pueblo, Tanivet Ramos Reyes, así como del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, entre otros funcionarios, Buenrostro detalló que el viernes pasado se concretó la entrega institucional, en la que los 719 trabajadores del ex INAI hicieron su entrega-recepción individual. De ellos, sólo 400 se incorporarán al nuevo órgano desconcentrado, pero con menor sueldo.

La estructura del nuevo órgano, indicó, estará conformada por “poco más de 400 (trabajadores), de los cuales unos 100 estarán adscritos al área de protección de datos, y 300 en Transparencia para el Pueblo.

Vamos a invitar a la gente con los perfiles adecuados, ellos decidirán si quieren venir a trabajar con nosotros o no, porque los niveles son diferentes. Vamos a trabajar con nueve direcciones generales, ellos tenían 28, entonces, no son los mismos salarios.

Expuso que los otros 18 organismos encargados de transparencia que se estableció en la reciente reforma en la materia, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Poder Legislativo, requerirán personal y podrían contratar al resto de los trabajadores.