Por casos de despidos injustificados y la falta de pago de utilidades, vacaciones, horas extras y otras prestaciones, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuperó 923 millones 820 mil pesos en favor de los trabajadores a través de la resolución de 16 mil 828 mediaciones y conciliaciones en 2024.

El titular de esta institución, Plácido Morales Vázquez, detalló que el año pasado se atendió a más de 323 mil trabajadores, de los cuales 25 por ciento (81 mil 809) acudieron por despidos injustificados; en segundo lugar, por el pago de prestaciones (21 por ciento), y en tercero las pensiones y devolución de aportaciones de IMSS, Afores e Infonavit.

En entrevista con La Jornada señaló que la entidad con mayor incidencia de bajas laborales injustificadas es la Ciudad de México, con 63 por ciento.

Dio a conocer que entre los derechos afectados a los trabajadores está el reparto de utilidades; ante este tipo de conflictos, la Profedet proporcionó 24 mil 982 asesorías, de las cuales 521 derivaron en la conciliación de los casos. Así, a través de esta alternativa que privilegia el nuevo sistema de justicia laboral para la solución de diferendos, se recuperaron 168 mil 693 pesos, detalló.

Las utilidades son un derecho constitucional

El funcionario explicó que la capital del país, Jalisco y Morelos fueron las entidades con mayor cifra de atención por este motivo de conflicto. Agregó que los sectores con mayor riesgo de incumplimiento en el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) son, por ejemplo, la industria automotriz, siderúrgica y de la construcción.

Al subrayar que la función de la procuraduría es representar a los empleados y sindicatos en los conflictos frente a los patrones, Morales Vázquez enfatizó que el pago de utilidades es un derecho constitucional, establecido además en la Ley Federal del Trabajo (LFT), y advirtió que las empresas que incurran en incumplimiento –la fecha límite para dar esta prestación es el 30 de mayo– podrán ser acreedoras a multas de hasta 565 mil 700 pesos.

Recordó que si una compañía reportó ganancias durante 2024, 10 por ciento de éstas deben repartirse entre los trabajadores. Además, explicó que existen reglas por la LFT que establecen el techo máximo de tres meses de salario o el promedio de los montos de utilidades recibidos en los últimos tres años. No obstante, dijo, debe aplicarse lo que resulte más favorable al trabajador.

En caso de que los patrones se nieguen a pagar, mencionó, el empleado cuenta con un año para exigir su derecho a través de una denuncia ante Inspección Federal del Trabajo para que se establezca la sanción que señale la ley y ante la Profedet para iniciar un proceso laboral para reclamar su pago.