La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un segundo recurso de apelación contra la sentencia de un juez federal que desechó su primera acción colectiva contra diversas empresas farmacéuticas, en la que señala que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas y solicita que paguen 2 mil 316 millones de pesos por concepto de reparación del daño, recursos que se proponen destinar al IMSS-Bienestar.

El recurso de apelación 4/2025 fue promovido por la comisionada presidenta de la Cofece, Andrea Marván Saltiel, y turnado la semana pasada al ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la segunda sala, dado que él también tiene pendiente resolver el recurso 3/2025, relacionado con el mismo fallo del juez.

Precios inflados

En octubre del año pasado, la Cofece presentó la acción colectiva 2/2024 de la Cofece contra Casa Saba, Casa Marzam, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, al acusarlas que a lo largo de 10 años se pusieron de acuerdo para restringir la distribución de medicamentos durante determinados días del año y con ello limitar su cantidad en farmacias, a fin de inflar sus precios.

Según la Comisión Federal –que está en proceso de extinción–, lo anterior provocó un daño económico estimado en más de 2 mil millones de pesos. Con ello, a través de la acción colectiva, se determinó que deben pagar 2 mil 316 millones de pesos, para que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar, en beneficio de la salud pública.

Hacia el máximo tribunal

Sin embargo, el juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, calificó de improcedente dicha acción, por lo que tras la apelación que presentó la Cofece el caso llegó a la Corte.

En el nuevo recurso de apelación, la Cofece solicita que se revoque la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2024 por el juzgado primero de distrito, a fin de que Casa Saba asuma la reparación del daño ocasionado a los consumidores.

Será la segunda sala la que, en su momento, resuelva si confirma o revoca la resolución del juez ­federal.