Al cierre del primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por sustracción ilegal de combustibles –delito conocido como huachicol– que sumaron 5 mil 471 millones de pesos.

La cifra es 17.4 por ciento superior a la reportada al mismo periodo de 2024 y es la segunda más alta desde que la petrolera estatal actualiza este registro en sus informes financieros, debido a que en entre enero y marzo de 2023, las pérdidas por el robo de gasolinas sumaron 5 mil 716 millones de pesos.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que el robo de combustible a Pemex y su tráfico hacia el país vecino se convirtió en la segunda fuente de ingresos para los principales grupos del crimen organizado en nuestro país después del trasiego de drogas (https://www.jornada.com.mx/2025/05/ 02/economia/016n1eco).

El gobierno estadunidense detalló que las organizaciones criminales cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa y del Golfo son las principales responsables del huachicoleo.

Durante el primer trimestre de 2019 (el primer año completo de Andrés Manuel López Obrador), las pérdidas por esta práctica sumaron mil 462 millones de pesos; en ese lapso de 2020 pasaron a mil 40 millones de pesos; en 2021 ascendieron a mil 210 millones de pesos y para 2022, en el mismo periodo, el monto llegó a 3 mil 4 millones de pesos.

En el primer trimestre de 2023, de acuerdo con los reportes de Pemex, sumaron 5 mil 716 millones de pesos, y entre enero y marzo de 2024 acumularon 4 mil 659 millones de pesos.

Con las leyes secundarias de la reforma energética, el gobierno busca combatir el robo de combustibles, por lo cual está en busca de establecer un sistema de trazabilidad obligatorio para que el gobierno identifique con precisión cada litro que es vendido en el país.

Las leyes secundarias nos van a permitir la obligatoriedad de la trazabilidad. Quién importa, quién distribuye, quién almacena y a qué estación de servicio llega, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo pasado.

El Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor también coadyuvan en el combate al huachicol.