Madrid. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) decidió autorizar la oferta pública de adquisición (OPA), que en esta caso fue hostil, realizada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para su fusión con el catalán Banco Sabadell, especializado en el crédito a la pequeña y mediana empresa y que también tiene presencia en México. El informe del órgano regulador es un paso imprescindible para la operación, que ahora queda en manos de los accionistas de la entidad financiera catalana y del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que tiene la última palabra para autorizar la fusión.

El informe del órgano regulador español considera que los compromisos que ha presentado BBVA son adecuados, suficientes y proporcionados para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia en los mercados afectados.

Se perderán 5 mil empleos

Respecto a la banca minorista, según la CNMC, la concentración supone la creación de una entidad líder en varios de sus segmentos, tanto para particulares como para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Se han identificado 96 municipios en los que, tras la operación, se supera la cuota conjunta del 50 por ciento con adición mayor al 15 por ciento, resultando una situación de duopolio en 48 de estos municipios.

Asimismo, el regulador identificó 72 códigos postales en los que tras la OPA se generará o bien una situación de monopolio (7 códigos postales), o bien una situación de duopolio (65 códigos postales).

Tras hacerse pública la resolución, el presidente de BBVA, Carlos Torres, señaló en un comunicado que la unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento con el que aumentaremos la capacidad de financiación a empresas y familias en cinco mil millones de euros adicionales al año.

Por su parte, la entidad catalana criticó las conclusiones de la CNMC porque entiende que no es adecuada para analizar la unión de negocios bancarios para pymes y que, por tanto, no permite conocer las consecuencias que esta concentración tiene para esos clientes.

Una parte del gobierno, la que representa la coalición de izquierdas Sumar, a la que también pertenece Izquierda Unida (IU), ya anunció que se opondrán frontalmente a esta fusión que atenta contra los derechos de los trabajadores (calculan que se perderán alrededor de 5 mil empleos) y es antidemocrática, según palabras de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.