Organizaciones civiles de sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que se mantenga el trabajo de investigación de la Comisión de la Verdad, a fin de actuar en contra de los responsables de desapariciones y muertes de cientos de activistas, así como para garantizar la reparación del daño. Ambos son temas pendientes.

Enrique Téllez, responsable de la asociación civil Colectivo de Sobrevivientes de la Guerra Sucia, comentó que en los últimos meses ha habido avances en la integración del Registro Nacional de Víctimas. Hemos colaborado para que varios ex activistas proporcionen sus datos, la situación que vivieron y lo que requieren para la reparación del daño.

Las agrupaciones que durante dos días participaron en un encuentro nacional, también pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga un recurso de revisión de la sentencia judicial que calificó de terrorismo de Estado la represión en contra de grupos guerrilleros en los años 70 y 80.

El recurso es una de las ocho impugnaciones que interpusieron diversas autoridades contra la sentencia dictada por un juzgado federal de Guanajuato, en la que además se ordenó a la Fiscalía General de la República llevar a juicio a los responsables, entre ellos militares que aún viven, explicó la investigadora Natalia Pérez.

Las víctimas, procedentes de Sonora, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Chihuahua, señalaron que el máximo tribunal debería resolver de manera inmediata y a favor de los afectados. De esa manera se confirmaría la sentencia de la jueza emitida en agosto de 2024. Ésta se originó a partir de un amparo sobre el caso de desaparición de Rosendo Radilla a manos del Ejército el 25 de agosto de 1974.

Durante un conversatorio en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco, al que acudieron integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, entre otros, las personas sobrevivientes y familiares de víctimas recalcaron que una sentencia positiva de la Corte sería un primer paso para iniciar el acceso efectivo a la justicia.

Como publicó La Jornada el 25 de agosto de 2024, la jueza Karla Macías Lovera determinó la existencia de pruebas suficientes que acreditan la existencia de responsabilidades, en calidad de perpetradores, del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, así como de militares de alto rango como el ex secretario de la Defensa Nacional Enrique Cervantes.

Las personas sobrevivientes de la guerra sucia insistieron en que se conforme una nueva comisión de la verdad autónoma e independiente para el esclarecimiento de los crímenes que el Estado mexicano cometió entre 1965 y 1990.El organismo no debe depender de ningún funcionario o instancia de gobierno, y para su integración habría que tomar en cuenta las propuestas de las víctimas y demás colectivos. Además, siguen pendientes de la respuesta de la Presidenta.