Alrededor de 8 mil maestros pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon ayer en la ciudad de Oaxaca en repudio al ataque que sufrieron el martes por transportistas en San Juan Bautista La Raya, con saldo de cinco profesores heridos; responsabilizaron de lo sucedido al gobernador Salomón Jara Cruz.

El contingente partió de las ex instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública, en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital del estado, y culminó su caminata en el zócalo.

Los oradores recriminaron al mandatario morenista haber usado al grupo de choque de la Confederación Joven de México –que colabora con su hermano, Noé Jara– para agredir a los profesores que legítimamente protestaban en el aeropuerto internacional. Además, deslindaron al pueblo de San Juan Bautista La Raya de los actos de violencia en su contra, pues insistieron en que no se trató de un ataque orquestado por los habitantes, sino de un grupo cuyo objetivo era reprimir al magisterio.

En un comunicado, los docentes puntualizaron que como resultado de esta acción quedaron lesionados varios profesores –entre ellos uno por disparo de arma de fuego– además de cerca de 20 vehículos dañados.

La Confederación Joven de México se deslindó de lo ocurrido el martes y señaló a René Salvador Miguel Balderas como responsable; sin embargo, puntualizó que él ya no pertenece a esa organización.

En el contexto del paro de labores iniciado el 15 de mayo, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, perteneciente a la CNTE, tomaron ayer al menos cuatro estaciones de radio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para difundir los motivos de su inconformidad. Venimos para informar a la sociedad lo que estamos viviendo. Estamos demandando la atención de dos temas centrales: la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, explicó Sebastián Méndez Jiménez, miembro de la dirección política de la sección 7.