El Estado mexicano dispuso de una bolsa de 300 millones de pesos para la reparación del daño a las víctimas y los deudos del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en marzo de 2023, el cual dejó un saldo de 40 muertos y 27 heridos, informó el titular del organismo, Francisco Garduño.

En entrevista con La Jornada, el funcionario detalló que hasta el momento se ha pagado lo correspondiente a familiares de 35 de los fallecidos, y aún quedan cinco ciudadanos venezolanos por indemnizar, debido a que los bancos de ese país sudamericano están bloqueados por el sistema bancario internacional, por lo que ya se buscan opciones para cubrir dicho compromiso.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) determinó un monto de 3.5 millones por cada uno de los fallecidos en este lamentable accidente (lo que da un total de 140 millones). Desde hace siete meses hemos estado pagando esta indemnización a las víctimas, que son los familiares, aunque ha habido algunos problemas por disputas entre ellos y será el juez quien determinará la prelación de derechos, explicó Garduño.

En cuanto al pago para los heridos, que recibirían en total 160 millones de pesos, mencionó que la CEAV nos envió la semana pasada el monto de indemnización para 18 de los 27, que oscilará entre 3 y 4 millones de pesos para cada uno, aunque hay una excepción para un herido, en cuyo caso se determinaron casi 5.5 millones. Ya empezamos a hacer el trámite correspondiente para pagarles la semana que viene y empezar a liquidar, precisó.

Garduño indicó que próximamente estará ya en posibilidad de solicitar al juez una audiencia de presentación del programa de reparación del daño para que determine si se da por cumplido. Pero independientemente de este monto, todos los heridos y los familiares de los fallecidos tienen derecho a ser beneficiarios del Seguro Social, para que acudan y tengan el servicio médico integral.

Instalarán memorial

Anunció que la estación en la que ocurrió el incendio se convertirá en un memorial de las víctimas y recordó que, desde la tragedia, el Estado mexicano ha estado actuando para evitar la repetición de este tipo de hechos. Mencionó como ejemplo una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte en la cual da un término de 36 horas para resolver el problema de cualquier migrante rescatado por el INM.

Además, dijo, se ordenó el cierre de 53 estaciones provisionales migratorias para quitarles la imagen de arquitectura carcelaria y se sigue trabajando para que (los guardias) sean amables, que no haya rejas, que no haya candados, que no haya puertas, porque finalmente el tiempo que se encuentran ahí es muy breve.

Garduño enfatizó que en lo particular no erogó nada para cubrir las indemnizaciones porque el sitio donde ocurrió el incendio era instalación del Estado mexicano. No obstante, lamentó haber sido acusado por los hechos, ya que, resaltó, he realizado un trabajo como defensor de derechos humanos. Nunca ha sido mi voluntad dolosa ni culposa intervenir en este muy lamentable incidente, porque yo me encontraba a mil 800 kilómetros de distancia de un suceso que transcurre en tres minutos, en los cuales dos venezolanos queman las instalaciones dolosamente y un empleado de la empresa privada no encuentra las llaves.