n la mansión en Las Lomas de Chapultepec del ministro González Alcántara Carrancá, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, citó el 12 de diciembre del año pasado a los ministros del Tribunal Electoral, para limar asperezas. Había pasado tan sólo un día después de la destitución del presidente de los jueces electorales, Reyes Rodríguez Mondragón, un abogado quien fuera director en la subsecretaría de Gobernación en 2010 y coordinador de asesores del secretario particular de Felipe Calderón. Los jueces electorales a quienes les corresponde la calificación final de la elección de este año, llegaron a la cena de Norma Piña y se toparon con una sorpresa: iban a cenar, también, con el dirigente del PRI, Alito, y si Santiago Creel hubiera llegado, también con el coordinador del PAN en la campaña de Xóchitl Gálvez. El caso es grave, toda vez que viola la Constitución y el deber que tienen los juzgadores de permanecer ajenos a los intereses de las partes en controversia. Aquí, la presidenta de la Suprema Corte brinda al bloque opositor una cena con quienes califican las elecciones. No es raro que fuera en casa de González Alcántara, magistrado de la Suprema Corte que asistió a una de las marchas rosas de Claudio X. González, la del 21 de octubre de 2023, cuya organización, ahora lo sabemos, estuvo a cargo del Partido Acción Nacional. El magistrado marchó contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, dinero que atesoraron aun cuando se habían comprometido a entregarlo para reconstruir Acapulco.

Los propósitos de la campaña de Xóchitl Gálvez para utilizar a Norma Piña para hablar con los que calificarán la elección que viene, llaman a la alarma. Desde que se sintió irremediablemente derrotada en las urnas, la oposición ha estado reiterando la posibilidad de anular la elección desde varios ángulos: según el mapa de riesgo que le presentaron al Tribunal Electoral, en 30 por ciento de los distritos electorales –justo la cifra que se necesita para alegar una anulación– ellos aseguran que habrá violencia; aducen también que Las Mañaneras no se han suspendido durante las campañas y, finalmente, que los programas sociales son compra de votos. En el caso de la violencia, que el Prian avizora en 30 por ciento de los distritos, casi ninguno coincide con donde están los puntos álgidos del crimen organizado. Ellos señalan a entidades pacíficas como la Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Sonora. El estado que tiene el máximo nivel de violencia, Guanajuato, donde asesinan 3 mil 104 personas al año, no es relevante en su”mapa de riesgo”. Por lo tanto, no sería descabellado inferir que son los distritos electorales que, por cálculos en torno a la mayoría en el Congreso, la oposición necesita anular desde antes incluso de que se abran las casillas y, para ello, se generará algún tipo de violencia. Aunque inservible para bajar la aprobación de López Obrador, la campaña del troll center desde España y Argentina del narcopresidente y de los dichos de la DEA en algunos medios, servirían para sustentar, al menos por contigüidad, el tema de la violencia en 30 por ciento de los distritos electorales.

En cuanto a la llamada elección de Estado, es decir, dentro del absurdo supuesto de que la elección sería pareja sólo si desaparecieran tanto el presidente López Obrador como sus programas de gobierno, ésta ha tenido a casi todos los medios y sus conductores como encrespados promotores. La campaña para deslegitimar los comicios llamándolos disparejos y de Estado se ha acentuado entre más se acerca el 2 de junio. Como no es posible argumentar que exista coerción sobre el voto habida cuenta de que los programas sociales son para todos, y que tampoco hay censura en ser mencionado en las conferencias de prensa presidenciales, los críticos han inventado el término presión invisible –como la bautizó Aguilar Camín– y ya emulan al influjo síquico con que el lawfare acusó al ex presidente de Ecuador Rafael Correa.

La idea de que lo que le queda a la oposición es presentar una demanda de anulación –que ni siquiera la izquierda presentó por el fangoso fraude de 2006– tendría que estar presente en una cena como la convocada por Norma Piña. Sobre todo, la muy útil de anular ciertos distritos electorales donde la votación por el obradorismo haría la diferencia en la composición del Congreso. ¿De eso se habló en la cena con Alito Moreno, líder del PRI? ¿Se convocó para sensibilizar a los jueces electorales de última instancia para que atendieran sólo las denuncias de la oposición? ¿Se les garantizó no tocar sus fideicomisos y privilegios a cambio de cierto sesgo hacia los candidatos del Prian? Es algo que tendrían que explicarnos a todos los ciudadanos.

Al día siguiente apareció un video de un juez de distrito de Nezahualcóyotl pidiendo la intervención de Estados Unidos en los comicios mexicanos. Era el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, a quien habíamos visto en las mismas marchas de la serie no se toca, sólo que la convocada por el sindicato de trabajadores al servicio del Estado, la FSTSE. En inglés, el juez Beltrán señala que su mensaje es para Estados Unidos y la ONU porque la democracia está en peligro y porque la paz de América también está en peligro y no les conviene tener una dictadura como vecino. Pide un mensaje de solidaridad de Estados Unidos y de la ONU porque, según él, tendrá como consecuencia que nuestros colegas se levanten firmes y unidos. Es decir, si António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, le manda un mensaje a la FSTSE, los empleados de los juzgados se unirían para luchar contra la dictadura. Sonrisas aparte, la coincidencia entre la revelación de la cena fraudulenta por el reportero Salvador Frausto y el video viral del juez de Neza, señalan una ruta de colisión que el Prian está sopesando como último recurso. Llevarlo a cabo sería de una torpeza incalificable, pero no resultaría inaudita, ya que la incompetencia y el desatino han sido, de por sí, el signo de su campaña.