n la pasada convención bancaria, Claudia Sheinbaum señaló que en este sexenio a los banqueros les ha ido bien; en general a los empresarios les ha ido bien, pero también les ha ido bien a los que menos tienen
. Con la información que nos proporciona Oxfam, la afirmación anterior debe corregirse: a los empresarios ultrarricos y a los muy ricos les ha ido extraordinariamente bien: La fortuna de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, aumentó hasta casi duplicarse desde el inicio de la pandemia
(Oxfam, El monopolio de la desigualdad).
Es cierto que los que menos tienen han mejorado su ingreso. El salario mínimo real entre 2018 y 2023 se duplicó y, por ello, la proporción de la población en situación de pobreza multidimensional se redujo de 41.9 a 36.3 por ciento. Pero es necesario señalar que esto no es suficiente para que la familia típica mexicana pueda adquirir las cuatro canastas básicas que determina el Coneval. Sheinbaum ha planteado que se acercará a esta meta, pero no cuándo la logrará. Dadas las buenas utilidades logradas por los grandes empresarios mexicanos, hay espacio de maniobra para comprometer una fecha para satisfacer este requerimiento mínimo.
Los ricos mexicanos, cerca de 294 mil personas, es decir 0.02 por ciento de la población total, concentran casi 60 de cada 100 pesos de riqueza privada. Gozan de estas fortunas porque han disfrutado de un sistema legal y tributario perfectamente funcional para que puedan incrementar su riqueza desproporcionadamente. Por ello, en la víspera de la decisión electoral que resolverá quien gobernará los siguientes seis años, es necesario preguntarse a quién está beneficiando la acción del Estado mexicano en estos momentos.
La respuesta que seguramente darían los funcionarios de la 4T es que a todos. Pero en materia de desarrollo nacional, y siguiendo la consigna de que por el bien de todos, primero los pobres, es necesario que el Estado mexicano se comprometa con la meta de que a los pobres es a quienes les tiene que ir mejor, pero realmente mucho mejor. Para ello, es indispensable redistribuir la riqueza de manera equitativa. Justicia redistributiva que tiene que proponerse metas específicas que puedan ser evaluadas socialmente y que permitan dar cuenta de la eficacia de las políticas que se instrumenten. Políticas que, junto con los programas sociales que están funcionando, nos lleven a una situación en la cual la distancia entre el 10 por ciento más rico y el 40 por ciento pobre de la población se haya acortado sensiblemente. Para precisar: se trata de conseguir la tasa establecida por Gabriel Palma, economista chileno profesor de Cambridge, que establece que una buena medida de equidad es que el ingreso promedio del 10 por ciento más rico dividido entre el ingreso promedio del 40 por ciento más pobre sea igual a uno.
Estamos lejos de esta meta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2022, el ingreso promedio del décimo decil fue de 186 mil 198 pesos y la suma de ingreso promedio de los deciles primero, segundo, tercero y cuarto es de 100 mil 980 pesos, de modo que el cociente es de 1.84. Estamos 84 por ciento debajo de lograr la tasa Palma. Para alcanzar esta tasa de uno se requiere acción pública: un sistema tributario progresivo que grave en mayor proporción al uno por ciento más rico del país. Gravar a los más ricos está planteado desde hace tiempo. Brasil se ha propuesto hacerlo en fecha próxima. En ese país, el uno por ciento más rico se apropió de 5.85 veces más riqueza que el 50 por ciento más pobre. En México la situación es más grave: los 14 ultrarricos acaparan 8.18 pesos de cada 100 de la riqueza del país.
Se está planteando la necesidad de una acción tributaria global. La Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América latina y el Caribe se unió a la propuesta de la Cepal para que el G20 proponga avanzar hacia un sistema tributario internacional progresivo
. El planteamiento es, por supuesto, general; no discute gravar al uno por ciento más rico. Sin embargo, es fundamental que México respalde esta iniciativa.
Aunque se ha reiterado durante la campaña de Sheinbaum que no está previsto modificar la estructura tributaria del país y que, en caso de que eso llegará a proponerse, se haría considerando la opinión de banqueros y empresarios, es conveniente insistir en que el segundo piso de la 4T tiene que avanzar reduciendo la pobreza y redistribuyendo con justicia el ingreso nacional, para lo cual es indispensable una reforma fiscal progresiva. Hay espacio para hacerlo y el momento oportuno pudiera ser al inicio de una nueva administración. Para ello conviene empezar a valorar los escenarios posibles.
