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Denuncia empresa a 2 servidores de Contreras por corrupción
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de mayo de 2024, p. 25

El director de Obras Públicas, Arturo Primavera, y el subdirector técnico, Roberto Gómez, ambos de la alcaldía Magdalena Contreras, fueron denunciados penal y administrativamente por la empresa constructora Suycon Supervisión y Construcción SA de CV por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con copias de los escritos de denuncia ingresados en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la Secretaría de la Contraloría General capitalina, la representación legal de la firma reveló que en 2022, durante la gestión del priísta Luis Gerardo Quijano –quien busca relegirse en el cargo–, ambos funcionarios le ofrecieron ser la empresa favorita de la alcaldía, para lo cual tenían que prestarse para participar en cinco contratos de supervisión de obras, como mercados y ciclopistas, ya que como servidores públicos ganaban una miseria y debían buscar ingresos extraordinarios.

Una vez adjudicados de manera directa los contratos por poco más de 1.9 millones de pesos, la alcaldía les informó que ya no los requería; posteriormente, ambos funcionarios realizaron un reclamo de fianza por presuntos trabajos no realizados.

Gran desfachatez

“Su ambición es tan desmedida y su corrupción tan voraz que no cumplieron con los contratos y ahora, sin vergüenza alguna, pretenden perjudicar a mi empresa al hacer efectivas las pólizas.

Su desfachatez es tan grande que se sirvieron de mi empresa, quedaron mal con los contratos, faltaron a su compromiso de otorgarnos contratos de obras y supervisión, fueron desleales con la alcaldía que les dio empleo y ahora mandaron a hacer efectivas las fianzas mencionadas.

De acuerdo con la página de Internet de Gobierno Tu Dinero, actualizada al 31 de marzo, ambos funcionarios se encontraban en funciones. Arturo Primavera goza de un sueldo mensual neto de 42 mil 234 pesos y José Roberto Gómez de 29 mil 300 pesos.

El despacho de abogados especializado en gestión pública que lleva el caso pidió a las autoridades la destitución del cargo de ambos funcionarios y la inhabilitación por un término no menor a 30 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública de la Ciudad de México.