Madrid. Tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicaron un informe en el que instaron al Estado español a tomar las medidas necesarias para preservar la memoria histórica y luchar contra las leyes negacionistas impulsadas por los gobiernos autonómicos de coalición del Partido Popular (PP) y Vox, que buscan invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura franquista y limitar la búsqueda de víctimas.

Los responsables del informe son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

El PP y Vox, en Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, aprobaron leyes de concordia, con las que pretenden anular la ley nacional de memoria histórica, en la que se busca resarcir a las víctimas y familiares de la represión franquista y brindar auxilio en la búsqueda de los restos mortales de sus seres queridos, muchos de ellos todavía sepultados en fosas comunes.

La ONU advirtió que las llamadas leyes de concordia (...) podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de garantías fundamentales, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas, añadieron los relatores, informó Afp.

Además, reclamaron al Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones. El informe denuncia que estas nuevas leyes ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios en Internet y actividades de remembranza luctuosa y pueden acarrear el invisibilizar los hechos u omiten nombrar o condenar al régimen franquista.

El gobierno de Sánchez, quien solicitó la opinión de la ONU, se congratuló ayer por la crítica demoledora y contundente a las iniciativas regionales, señaló en rueda de prensa el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El Estado recurrirá las normas ante el Tribunal Constitucional si las regiones no rectifican, expuso Torres, según registró Afp.

Los gobiernos autonómicos se defendieron con distintos argumentos.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tildó las conclusiones de los relatores como bulos, mentiras y errores de bulto”, al advertir que posiblemente si se hubieran preocupado de hablar con el gobierno de Aragón, les hubiéramos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo y no habrían cometido errores de bulto, entiendo que influenciados exclusivamente por la información que les ha proporcionado el gobierno de España.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón dijo por su parte que lo que tienen que hacer (los relatores de la ONU) es dedicarse a salvar vidas, que yo creo que desde el 48 pocas han rescatado y pocos conflictos han evitado. Que se dejen de globalismo y dejen hacer a los países.