Bogotá. Más de 36 horas permanecieron en manos de un grupo de campesinos del sur del país 34 militares que realizaban un allanamiento en zona rural del municipio de Vistahermosa, informó ayer el ejército colombiano.

Un pelotón conformado por tres suboficiales y 31 soldados fue retenido ilegalmente por comunidades locales, informó en un comunicado la entidad castrense, precisando que el hecho se produjo luego de recabar material probatorio y de evacuar por vía aérea a seis funcionarios de la fiscalía con los elementos incautados

Según informes de medios locales, los militares fueron rodeados por unos 60 labriegos y luego conducidos a un lugar apartado, desde el cual fueron liberados luego de que una comisión gubernamental atendió los reclamos de la comunidad de la zona, tradicionalmente dedicada al cultivo de la hoja de coca.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, acusó a estructuras guerrilleras que operan en el área de instrumentalizar (sic) a la población civil para que enfrenten a la fuerza pública, y convocó a un consejo de seguridad con presencia del alcalde local, organismos internacionales y fuerzas militares para atender el tema.

El ejército, por su parte, anunció que denunciará los hechos ante el mecanismo de vigilancia y verificación de la mesa de diálogos instalada en noviembre de 2023 entre el gobierno nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) .

De acuerdo con las fuerzas militares, este episodio es violatorio del alto el fuego bilateral pactado entre las partes hace seis meses.

Las retenciones de integrantes de la fuerza pública –que oficialmente son tipificadas como asonadas y mediáticamente se denominan secuestros– son un hecho frecuente en las diversas regiones cocaleras del país, donde las comunidades siguen a la espera de programas integrales del gobierno para sustituir los cultivos de uso ilícito.

En tanto, el frente Dagoberto Ramos, también de las disidencias de las FARC, reconoció ayer que tiene en su poder a dos agentes del cuerpo de investigaciones de la fiscalía que viajaban por una carretera del sureño departamento del Cauca.

Exigen intermediación internacional

La Fiscalía General de la Nación (procuraduría) demandó que se respete la vida de sus funcionarios y exigió su inmediata liberación, que –expuso la guerrilla– sólo se producirá tras la mediación de organismos internacionales.

Los dos episodios tienen lugar en medio de la expectativa generada por un pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que antier condicionó la continuidad de las negociaciones de paz, que actualmente sostiene con el gobierno, a que cesen los acercamientos oficiales con una fracción de esta guerrilla en el sureño departamento de Nariño, hecho calificado por la comandancia central del ELN como un acto de perfidia.

Analistas locales coinciden en que la estrategia gubernamental de paz total está atravesando por uno de sus momentos más difíciles, lo cual –opinan– será aprovechado por las fuerzas de oposición que este domingo han convocado a marchas contra el gobierno en al menos 20 ciudades del país.