a muerte de la niña Camila en Taxco y el posterior linchamiento de los supuestos involucrados confirma un panorama que no es exclusivo de esa localidad: 1. La desconfianza en la policía que lleva a una comunidad a tomar el castigo por cuenta propia, ante la mirada de policías que, al parecer, sabían dónde encontrar a los culpables del infanticidio, pero que no actuaron. 2. La certeza de absoluta impunidad por parte de los asesinos. Si los linchados fueron ubicados por las cámaras locales, inútiles como herramientas de investigación o medida disuasoria, es claro que al cometer el crimen no esperaban ser encontrados, menos, castigados legalmente. Ni la cercanía vecinal de una comunidad pequeña hizo suponer a los asesinos y cómplices que serían descubiertos. 3. La limitación policial y la falta de cooperación corporativa. En claro menor número, los policías apenas decidieron enfrentar a la turba violenta que ante muchas cámaras golpeó a una involucrada hasta dejarla moribunda y que los agentes se la llevaron a morir. Si había guardias nacionales encubiertos, no se vio su participación. Si el secuestro y homicidio son delitos locales, la dimensión de la violencia obligaba a la guardia nacional a auxiliar. 4. La separación entre políticos y ciudadanos. A nivel municipal se culpó a la madre de la niña muerta, por no cuidarla; a nivel estatal tardíamente apenas se condenó la acción y se dijo que la policía actuó bien, además de anunciar, como se hacía hace medio siglo, que se llegaría a las últimas consecuencias: es más importante evadir la culpa y aprovechar políticamente la tragedia. 5. La impotencia ciudadana incontrolada. Si los vecinos actuaron, fue por la solidaridad con los familiares de la niña asesinada, pero también por tener la certeza de que lo mismo pudo haberle sucedido a cualquiera de ellos. Ante el publicitado cobro de piso por criminales, corroborado por autoridades municipales, quienes sugieren su pago, nada impide que la violencia llegue por cualquier flanco. Vivir así también es violencia. 6. La oportunidad perdida para demostrar que el partido en el poder estatal y federal no es cómplice por omisión, por lo que hace a las carencias policiacas municipales. El mal desempeño, por decir lo menos, de autoridades de los tres niveles en la entidad, debería ser sancionado. Limitarse a opinar o castigar a los criminales directos y no a los encubridores y auxiliares por acción u omisión, muestra un partido que no actúa.

Las omisiones en este caso son contestes con las pésimas acciones desplegadas en el penal de Campeche, donde un operativo estatal llevó a la violación de mujeres policías y lesiones a hombres policías adentro del penal. Se busca impactar en lo mediático en lugar de actuar en beneficio ciudadano. Las inconformidades posteriores, entre ellas electorales, son justificadas.