Madrid. Después de semanas de tensas negociaciones, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, selló un pacto con las formaciones independentistas catalanas Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para la aprobación de una ley general de amnistía con la cual aspiran a exonerar de los procesos penales abiertos a los líderes y militantes separatistas que participaron en el proceso fallido de secesión de octubre de 2017

El acuerdo garantiza al gobierno una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, de la cual depende la actual legislatura, que inició en julio pasado y finalizará en cuatro años.

El Partido Socialista Obrero Español y la coalición de izquierdas Sumar, que integran el Ejecutivo, cedieron a las exigencias de JxCat, único partido que veía con recelo el anterior texto de la ley de amnistía, que fue rechazado en el Congreso de los Diputados en la sesión del pasado 30 de enero.

El líder de JxCat, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, exigió desde Bélgica, donde está exiliado, que también se incluyeran en la normativa garantías para beneficiar a los procesados por los delitos de terrorismo, alta traición y malversación.

A la espera de conocer el texto definitivo, que se hará público hoy, las fuerzas parlamentarias del gobierno habrían cedido en estos puntos, sobre todo de cara a su validación por el Tribunal Constitucional y la justicia de la Unión Europea.

El texto se presentará hoy en el Congreso de los Diputados, y si no hay cambios de última hora, será aprobado para luego ser enviado al Senado. Una vez superado el proceso legislativo, el gobierno será el responsable de publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, lo que supondrá su entrada en vigor y por lo tanto el derecho a la amnistía de centenares de independentistas.