Ante las críticas de los diputados por la deficiencia en el trabajo de fiscalización del gasto y la reducción de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) justificó que enfrenta alta rotación de auditores y que el gobierno y los entes públicos no le entregan documentos.

En esa tónica, atribuyó las deficiencias del gasto en el gobierno federal, y sin precisar en qué dependencias, a pagos injustificados a comisionados sindicales, trabajadores sin goce de sueldo o dados de baja; retenciones sin enterar al IMSS o Hacienda.

También, a contrataciones de empresas de reciente creación (incluso con días o una semana de constituidas) y pagos en exceso de obras no ejecutadas y vicios ocultos.

En la primera sesión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para revisar el informe de la cuenta pública 2022, la auditora de Cumplimiento Financiero de la ASF, Claudia Bazúa Witte, explicó que en el capítulo 1000 (servicios personales y gasto) nos hemos encontrado contratación de personal sin cumplir los perfiles de puesto, expedientes de personal incompletos, utilización de plazas no autorizadas o pagos injustificados.

Además, deficiencia en el contenido de los contratos al no describir las características, especificaciones, condiciones y términos de los entregables y sin que estos contratos hayan sido revisados por las áreas jurídicas de las dependencias. Hay incorrecta integración de los expedientes y luego los tienen que andar buscando por todos lados.

En el rubro de adquisiciones, la ASF detectó uso de procedimientos de excepción a la licitación pública, sin fundamentación suficiente. Hay contrataciones de empresas de reciente creación o con objetos sociales que no corresponden a los bienes y servicios contratados sin acreditar su capacidad técnica, financiera y humana, subcontrataciones no pactadas, dijo.

En obras e inversiones físicas, encontramos que hay inadecuada planeación, falta de proyectos ejecutivos o incompletos, de licencias y permisos de uso de suelo, pagos en exceso de obra no ejecutada, deficiencias en el manejo y control de la bitácora, inadecuada supervisión de obra u obra de mala calidad o con vicios ocultos.

En las auditorías forenses, explicó Bazúa Witte, se encontró que las entidades fiscalizadas o los proveedores no presentan documentación que acredite la adquisición de bienes y o servicios o presentan documentación apócrifa.

Cuando la ASF buscó a algunos proveedores, no los localizó o encontró que se situaban en inmuebles inadecuados para el objeto social. Además, los representantes legales, los apoderados, los comisarios, los tesoreros o, en su caso, el administrador único, resultan comunes para diferentes empresas dentro de los procesos de adquisiciones.

La funcionaria de la ASF destacó que Pemex tiene un monto por aclarar de 792 millones, es la cifra más relevante; el Tren Maya, 784 millones con observaciones; el Infonavit, 389 millones; Comunicaciones, 359 millones, y Conade, 283 millones.

Asimismo, la Universidad Chapingo, 205 millones; Segalmex, 177 millones; Diconsa, 116 millones, y la refinería Dos Bocas, 110 millones. Son las más importantes, pero no podemos hablar de corrupción mientras ellos no terminen de aclarar sus observaciones, concluyó Bazúa Witte.