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Usuarios de agua marchan en Chetumal contra multas y tarifas excesivas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 3 de marzo de 2024, p. 22

Chetumal, QR., Integrantes del Movimiento por unas tarifas justas de agua potable en Quintana Roo se manifestaron la tarde de ayer para demandar a las autoridades estatales que a la par que investigan irregularidades en la concesionaria Aguakán, prestadora del servicio del recurso natural, también lo hagan contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) porque aplica multas impagables.

Con la protesta originalmente se pretendía demandar la revocación de la concesión a la empresa Aguakán, en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad; sin embargo, se sumaron inconformes con las tarifas que cobra la CAPA, organismo del gobierno del estado que da servicio a los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar.

La usuaria María Lidia Sánchez narró que debido a la pandemia de covid-19 se quedaron sin empleo ella y su esposo; después su compañero falleció y se quedó sola para sufragar los gastos de la casa.

Por la falta de trabajo no logró pagar a tiempo su recibo de agua, incluso reportó una fuga, y después de su reparación y tratar de ponerse al corriente el organismo gubernamental le informó que tenía una deuda de 77 mil pesos.

Además, la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución fiscal (DRAEF), de dicho organismo, le dijo que su adeudo ascendía a 85 mil pesos hasta el año pasado, y si quería hacer un convenio debía entregar más de 20 mil pesos y una prenda en garantía.

Una habitante debe casi 100 mil pesos

Este 2024, debe casi 100 mil pesos y si no aporta al convenio tiene la advertencia del organismo de que le embargarán la propiedad que dejó en prenda. Rodolfo Cruz Castañeda, otro afectado, relató que en 2023 lo operaron de un ojo y tuvo que ir a Veracruz para recibir la atención de su familia; cuando regresó su predio estaba invadido, por lo que con apoyo de la Fiscalía General del Estado lo recuperó.

No obstante, los invasores dejaron una deuda por consumo de agua que empezó en 17 mil pesos y al no poder pagar ésta se incrementó a grado tal que a esta fecha debe casi 70 mil pesos.

Comentó que por ser de la tercera edad sólo tiene el ingreso que ofrece el gobierno federal, el cual le ayudó a juntar 10 mil pesos que pagó y como tuvo el beneficio de firmar un convenio con la CAPA se comprometió a pagar mil 300 pesos mensuales por 36 meses, pero sin tener acceso al agua, hasta que la deuda quede en cero.

Afirmó que ese acuerdo es muy difícil, pues sin poder vivir en su propiedad porque no tiene agua, se ve obligado a rentar, sin percibir mayores ingresos que la pensión que da el gobierno federal.