Guanajuato, Gto., No se está criminalizando a los alumnos, se está investigando una denuncia por daños al patrimonio artístico e histórico de la Universidad de Guanajuato (UG), afirmó el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sobre la querella contra siete universitarios que participaron en la toma de la rectoría en septiembre de 2023.

Sin embargo, los jóvenes aseguran que este es un acto represivo de las autoridades; reclaman que la UG, en complicidad con la fiscalía estatal y el Poder Judicial, los intenta intimidar, violentar y amenazar. En entrevista con representantes de medios, Zamarripa Aguirre justificó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto es la que tiene a cargo el expediente, porque es la que se encuentra en la ciudad de Guanajuato. Se denunciaron los daños que eran evidentes en varios recintos y se inició la carpeta correspondiente, señaló.

Imputación por daños

Por su parte la UG indicó que tiene la obligación legal de dar vista a las autoridades sobre las afectaciones que sufrió su patrimonio para que se deslinden responsabilidades. Expresamos de manera categórica que estas acciones de ninguna manera están motivadas por un ánimo represivo, sino por el cumplimiento de un deber legal de la institución que no debe soslayarse en consideración a la misión universitaria de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y democrática.

Del 11 de septiembre al tres de octubre de 2023, unos 100 estudiantes tomaron la rectoría para exigir transparencia en el proceso de designación del nuevo rector.

Cuando fueron liberadas las instalaciones, Claudia Susana Gómez López, recién nombrada rectora, firmó un acuerdo donde se comprometió a que no habría represalias contra los inconformes.

El 15 de febrero pasado, el Poder Judicial notificó por escrito a siete de los 100 universitarios que realizaron la protesta– que deben asistir a una audiencia el 30 de abril pues están imputados por daños.

El documento fue dirigido a Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada.

El jueves pasado, ante el pleno del Congreso estatal se presentaron dos puntos de acuerdo para exhortar a la rectora de la UG a dejar de criminalizar a los alumnos.