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Niegan protección a Cárdenas Palomino contra auto de formal prisión

Acreditan su posible responsabilidad en la incitación para agredir a víctimas para obtener confesiones

 
Periódico La Jornada
Martes 27 de febrero de 2024, p. 14

Un tribunal colegiado negó la protección de la justicia federal al ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal (PF) Luis Cárdenas Palomino contra el auto de formal prisión que se le dictó en su contra por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.

El noveno tribunal colegiado en materia penal en la CDMX confirmó el fallo de Gabriela Vieyra Pineda, magistrada presidenta del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal, quien el año pasado negó al ex funcionario el amparo.

En abril de 2023, Gabriela Vieyra confirmó el fallo del extinto sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, el cual había negado a Cárdenas Palomino la protección de la justicia federal.

En su fallo, el extinto tribunal declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por Cárdenas Palomino, ya que, dijo, el juez de la causa legalmente sostuvo que en la especie quedó demostrado a título de probable que el justiciable el día y en el lugar de los hechos autorizó a terceros (servidores públicos a su mando) infligir dolores y sufrimientos físicos y sicológicos a las víctimas. Además, el órgano jurisdiccional resolvió que las pruebas acreditaron la probable responsabilidad de Cárdenas Palomino en el delito de tortura.

En tanto el Tribunal Colegiado determinó que a título de probabilidad, Luis Cárdenas Palomino es el sujeto activo que actuando por sí y para sí y de manera dolosa, se encontraba desempeñando sus funciones como titular de la División de Seguridad Regional, adscrito a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, el 27 de abril de 2012, cuando arribó a las inmediaciones del domicilio ubicado en Iztapalapa. Ahí autorizó a una docena de policías que continuaran infligiendo violencia física y síquica a las víctimas con la finalidad de obtener de éstas una confesión.