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Pese a crisis económica en IEE-Colima, su titular busca ganar $224 mil al mes

El sueldo superaría al de su homóloga del IEEM y aun al del presidente Lopez Obrador

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▲ Adriana Ruiz Visfocri, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima (al centro) durante una sesión extraordinaria del organismo el pasado 6 de febrero.Foto La Jornada
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 27 de febrero de 2024, p. 27

Colima, CoL., El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), entidad que tiene el padrón electoral más pequeño del país, enfrentó graves problemas financieros para terminar el pasado ejercicio fiscal, no pagó salarios a los integrantes del Consejo General durante cuatro meses y les retuvo el sueldo un mes a los trabajadores. Aun así, su presidenta, Adriana Ruiz Visfocri, busca incrementar su salario bruto de 163 mil pesos a más de 224 mil pesos mensuales.

Ruiz Visfocri, elegida consejera del IEE en 2021, es actualmente la presidenta de un organismo público local electoral con el mayor sueldo de todos los funcionarios comiciales de su rango.

El salario que pretende tener la presidenta del IEE es mayor al de su homóloga del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)–entidad con el padrón electoral más grande de la nación–, Amalia Pulido Gómez, que gana 113 mil 492 pesos brutos, y también al del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibe 174 mil 26 pesos al mes.

La consejera presidenta colimense dio inicio a un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el 22 de febrero, para impugnar una resolución del Consejo General del IEE, con el que busca ajustar su salario a 224 mil pesos al mes, a pesar de que antes se aprobó que su sueldo pasara de 163 mil pesos a 186 mil pesos mensuales para 2024.

En la sesión del 30 de enero, el consejo del IEE presentó un acuerdo para ajustar los salarios de la presidenta, los consejeros y el secretario general del organismo, al salario mínimo vigente en 2023, lo que provocó la protesta de Ruiz Visfocri, quien pretende que el reajuste implique un alza de casi 27 por ciento.

En esa ocasión, el consejero Juan Ramírez Ramos recordó que Ruiz Visfocri tuvo salario de 163 mil 359 pesos en 2023; el de cada consejero fue de 99 mil 900, y el del secretario general, Óscar Omar Espinoza, de 90 mil pesos al mes.

Entonces se aprobó aumentar el sueldo de la consejera presidenta a 186 mil pesos, un incremento de 23 mil pesos. Además se determinó pagar a los consejeros 114 mil pesos (14 mil de diferencia), y al titular de la secretaría general, 103 mil pesos (casi 13 mil más que los emolumentos anteriores).

El consejero Ramírez Ramos expuso en su momento que de haber procedido la intención de la consejera presidenta, su sueldo hubiera sido de 224 mil pesos, mientras cada consejero ganaría 136 mil pesos y el secretario, 124 mil pesos por mes.

La consejera presidenta señaló que la propuesta presentada se realizó mientras se autoriza un aumento presupuestal, que en ese momento se gestionaba ante el gobierno y el Congreso del estado, y argumentó que los salarios del consejo del IEE “afectan las finanzas y yo pregunto: ¿Desde cuándo un salario de un funcionario afecta a la institución? No es viable el pago a un hecho futuro incierto (…) porque además está sujeta a que si se autoriza el aumento presupuestal, se realizará el ajuste al salario con base en el sueldo mínimo 2024”.

El instituto, sin recursos

La institución que Ruiz Visfocri encabeza tuvo graves problemas financieros para terminar el pasado ejercicio fiscal. En octubre, la propia Ruiz Visfocri exigió al gobierno del estado de Colima un reajuste presupuestal, porque no había dinero para ninguna actividad y ponía en riesgo el proceso electoral de este año.

En respuesta, la administración que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reasignó 6.7 millones de pesos al final de diciembre anterior para saldar adeudos, entre ellos salarios y aguinaldos de los trabajadores.

La resolución del reajuste presupuestal aprobado por el consejo fue impugnada por Ruiz Visfocri, al igual que por las consejeras Martha Iza Huerta y Ana Romano Sánchez, para controvertir el acuerdo IEE/CG/A046/2024, relativo a la reasignación y adecuación presupuestal 2024, correspondiente al IEE.

Ese juicio quedó radicado en el expediente JE-01/2024, en el cual las quejosas argumentaron violaciones a sus derechos humanos y a disposiciones del artículo 123 de la Constitución federal, relativas a remuneración salarial y en cuanto a sueldo acorde a sus funciones.

Múltiples demandas contra Ruiz Visfocri

A pesar de los argumentos de Ruiz Visfocri sobre sus derechos laborales, ha enfrentado en su desempeño como consejera presidenta juicios interpuestos por varios empleados de la institución.

En 2023 encaró dos juicios de 14 demandantes, entre trabajadores del IEE y de los consejos municipales electorales, los cuales exigieron la devolución de prestaciones disminuidas desde 2022, entre ellas aguinaldo, canasta básica, apoyo a despensa navideña y bono del Día de la Madre.

El primero de los procesos fue en 2022, cuando el Consejo General del IEE aprobó que las prestaciones a todos los trabajadores del organismo fueran reducidas, con el argumento de que eran ilegales.

Sin embargo, la presidenta y las consejerías las tenían presupuestadas, pese a que el Código Electoral de Colima no las considera dentro de sus prerrogativas.

El juicio interpuesto ese mismo año fue ganado por los trabajadores en el TEE. No obstante, la consejera presidenta promovió un recurso que llegó a un tribunal colegiado de circuito, que dictaminó contra los empleados.

Los mismos asalariados iniciaron otro recurso, el JE-2023, por motivos similares a los del año anterior, que el TEE resolvió a su favor.

A partir del resolutivo, el Consejo General del IEE aprobó el acuerdo IEE/CG/A032/2023, para que las prestaciones les fueran pagadas, pero también a solicitud de la presidenta, se incluyó y benefició a los consejeros.

Ruiz Visfocri acumula diversas denuncias ante múltiples organismos, incluyendo una queja emitida por trabajadores ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por violaciones a sus garantías, además de un procedimiento de remoción por irregularidades en su desempeño, interpuesta por un empleado de un consejo municipal, ante el Instituto Nacional Electoral .