Guanajuato, Gto., El Congreso del estado de Guanajuato, donde gobierna el Partido Acción Nacional, aprobó la creación de la Ley de la Diversidad Sexual, la cual tiene como objetivo que no haya desigualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+.

Según la norma, el Poder Ejecutivo estatal deberá destinar recursos para el cumplimiento de la misma y aprobar un programa que incluya el señalamiento de sus principales problemas, así como la descripción de las oportunidades y obstáculos para su desarrollo.

El artículo 4 establece que este sector de la población tiene derecho a la libertad, identidad, desarrollo de la personalidad, integridad, seguridad, salud, educación, igualdad, participación política, al acceso a la justicia, a la certeza jurídica, la no discriminación, al trabajo y a ejercer libremente su sexualidad.

La Secretaría de Gobierno estatal deberá crear una unidad de la diversidad sexual que se encargue de la ejecución, promoción e impulso de las acciones a favor de la comunidad, puntualiza el artículo 25.

Detalla que la dependencia deberá implementar las políticas públicas que mejoren el nivel de vida de dichas personas, asesorarlas para presentar denuncias y quejas, además de fomentar investigaciones sobre las problemáticas que enfrentan.

Programas en favor de la comunidad LGBT+

Según la nueva ley, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá que determinar programas y proyectos a favor del bienestar de este sector y promover el acceso a vivienda digna, entre otras cosas. La Secretaría de Educación garantizará que los integrantes de la comunidad tengan acceso a las instalaciones de todos los planteles y capacitará a su personal en temas de diversidad sexual y de no discriminación.

El sector salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión del Deporte, los institutos Estatal de Cultura; para el Desarrollo y Atención a las Juventudes; el Guanajuatense para las Personas con Discapacidad y para las Mujeres, los 46 ayuntamientos, así como los poderes Legislativo y Judicial también deben emprender acciones en favor de las personas LGBT+.

El documento incluye 32 artícu-los y tres transitorios, donde se estipula que el gobierno estatal y los municipales tendrán 90 días, a partir de su entrada en vigor, para adecuar sus instrumentos normativos.