El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reservó por cinco años la información relativa a denuncias contra personas que, en su calidad de servidores públicos, fueron acusadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que clasificó como confidencial el nombre de los señalados, en contradicción con lo ya resuelto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en octubre de 2022.

El organismo reportó que entre diciembre de 2018 y el cierre de 2023 presentó 47 denuncias ante el Ministerio Público en las que se acusó a 81 funcionarios públicos de diversos presuntos delitos, entre los que se cuentan el uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, cohecho, presunto ejercicio ilícito de servicio público, enriquecimiento ilícito, recepción indebida de remuneraciones y tráfico de influencias.

Parte de estos datos no es nueva: en los documentos del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se detalla, con discrepancias de estas cifras, sobre el número de denunciados e indicadores de corrupción reportados por el propio organismo (bit.ly/3Uwf779, bit.ly/4bzGAuL). Vía solicitudes de información el organismo detalló a este medio el cargo de cada denunciado, pero omitió los nombres pese a que el INAI ya había resuelto al respecto.

Desde octubre de 2022, el pleno del INAI resolvió que el organismo debía dar a conocer las denuncias presentadas en contra de su personal, por actos de corrupción, así como información sobre los ceses que hubo. Esto, en línea con lo manifestado por la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, en octubre de 2021, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El pleno del INAI expuso que, al ser denuncias vinculadas con casos de corrupción, en términos del artículo 112, de la Ley Federal de Transparencia, no puede ser clasificada como reservada; así que el SAT debía precisar, en cada caso, la fecha en que fue presentada la denuncia; nombre y cargo de la o las personas denunciadas; el delito; el hecho o asunto que ameritó la denuncia; el total del daño patrimonial y/o monto involucrado; el estatus de la denuncia, y la cantidad de detenidos y su situación jurídica actual.

Al ser servidores públicos los involucrados, se expuso en el pleno del INAI, existe una afectación directa e inmediata al interés público, en torno a las atribuciones del SAT, como lo es la de recaudar impuestos, lo cual perjudica no sólo a la institución, sino a toda la sociedad mexicana.

Al consultarle por los funcionarios del fisco mexicano que han sido denunciados ante la FGR, el SAT reservó por cinco años la información, argumentó que el objetivo es preservar los datos en las carpetas de investigación, pese a que sí terminó por exponer que las denuncias han sido contra funcionarios de todo nivel, entre los que se encuentran administradores, auditores, manejadores caninos, analistas, entre otros.

Agregó que sólo se ha podido constatar un perjuicio al fisco por 3 millones 938 mil pesos en dos casos y 119 mil 250 dólares en uno más de 47 denuncias.

Sin embargo, incluso en carpetas que ya han sido concluidas y en las que ya se ha dictado sentencia, el SAT omitió nombres, en contradicción con lo ya resuelto por el INAI, sobre que en todo acto donde se advierta el mal uso de recursos públicos, siempre se debe privilegiar el derecho de acceso a la cosa pública.