La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces pueden aplicar de manera supletoria la Ley General de Víctimas para garantizar el derecho a la reparación integral del daño producido por un delito, con el fin de cuantificar el monto que corresponda a las víctimas directas e indirectas por concepto de daño moral y material.

La Corte resolvió un amparo en revisión relacionado con un juicio penal contra dos profesionales de la salud, condenados en primera y segunda instancias por homicidio doloso por responsabilidad médica y técnica en perjuicio de un menor de edad, a quien intervinieron quirúrgicamente.

Antes de ello, un tribunal colegiado consideró que para cuantificar el daño moral y material no eran aplicables las reglas de la Ley General de Víctimas, por lo que el padre se inconformó con el fallo y recurrió a la Corte.

La primera sala de la SCJN concluyó que la decisión del tribunal colegiado fue incorrecta, por lo que revocó la resolución y ordenó que dicte una nueva en la que, conforme a la doctrina jurisprudencial, señale si es procedente o no postergar la cuantificación del monto económico correspondiente a la víctima indirecta del delito por concepto de daño material para la etapa de ejecución de sentencia.

De no ser procedente postergar la individualización de la indemnización, conceda el amparo solicitado para que desde la sentencia condenatoria se fije el monto económico correspondiente por concepto de daño material, para lo cual serán aplicables las reglas establecidas en la Ley General de Víctimas, así como la jurisprudencia que se encuentre vigente.

Buscan hacer públicas sesiones de la SCJN

Por otra parte, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama buscan que las discusiones en las sesiones privadas sean públicas.

La petición fue rechazada por mayoría de tres votos (de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales), y ante ello las ministras anunciaron su intención de llevar el tema a debate ante el pleno de la SCJN, pues dijeron que no hay ningún argumento legal que permita mantener en la opacidad la discusión de los asuntos que se resuelven en el máximo tribunal del país.