Madrid. La ley general de amnistía, sobre la que se basa la actual legislatura española y monopoliza los debates políticos de los últimos meses, no superó ayer el primer trámite parlamentario y fue rechazada por 179 votos en contra frente a 171 a favor.

El texto será devuelto a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se abrirá una nueva negociación de enmiendas para ser votada de forma definitiva en un mes.

La clave de la derrota parlamentaria del gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, fue el voto en contra de los nacionalistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), que exigieron más garantías para evitar que sus dirigentes y simpatizantes sean juzgados en el futuro por delitos como terrorismo, alta traición y malversación de caudales públicos.

La formación política liderada desde Bruselas por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, JxCat, presentó antes de la votación una serie de enmiendas de última hora, en las que pretendía incluir en la norma de amparo una serie de supuestos para evitar que sus líderes, militantes y simpatizantes sean juzgados y condenados por esos presuntos delitos.

Las negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición de izquierdas Sumar ya habían dado sus frutos y se habían incluido la mayor parte de las figuras penales vinculadas al proceso separatista fallido de octubre de 2017.

Sin embargo dos procedimientos penales de las últimas semanas alteraron los planes del gobierno, al incluir al menos dos delitos que no estaban contemplados hasta ahora: la alta traición al Estado y el de terrorismo.

Como era previsible, los partidos aliados del gobierno, es decir el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH-Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) votaron a favor, mientras el bloque de la derecha lo hizo en contra, es decir el Partido Popular (PP), Vox, Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Con lo que los siete diputados de JxCat, que representan al nacionalista catalán de derechas, definieron el resultado final.

Durante la votación, tras un áspero debate parlamentario, primero se rechazaron las enmiendas de JxCat y posteriormente, en el recuento de los votos de la norma general, se consumó la fractura entre el gobierno y JxCat, que votó contra la aprobación de una ley que el propio grupo redactó junto con el gobierno en un entente paralelo coordinado desde Bruselas por Puigdemont.

Esto supone que, una vez rechazada en el Parlamento, la propuesta de ley regresará a la Comisión de Justicia, donde será de nuevo negociada por los grupos parlamentarios al menos durante un mes, que será cuando se someta a su votación definitiva.