Por su presunta participación en prácticas para favorecer intereses particulares, mal manejo administrativo, discrecionalidad en procesos y complicidad con las empresas reguladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros ilícitos, 43 servidores públicos fueron destituidos de sus cargos.

Los ex empleados se desempeñaban como titulares de unidades administrativas, dictaminadoras y verificadoras. Además, como parte de las acciones para eliminar la corrupción que imperó dentro del organismo en administraciones anteriores, se eliminaron los intermediarios (gestores) en la realización de trámites sanitarios.

En la actualidad nadie cuenta con acceso privilegiado ni puede garantizar los resultados de ninguno de los trámites, aseguró la Cofepris en un recuento sobre las acciones emprendidas en los pasados tres años.

Indicó que en este año se intensificará el trabajo para consolidar a la comisión como institución ejemplar en el combate a la corrupción y en la implementación de esquemas innovadores que favorezcan una regulación ágil y transparente.

En un comunicado, el organismo recordó la colaboración que inició con la Secretaría de Marina para crear el Centro de Inteligencia contra Riesgos Sanitarios, en la que se establecen mecanismos de inteligencia para el control y vigilancia en materia de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y productos que los contengan, así como químicos esenciales y precursores químicos.

Destacó la medida para digitalizar los trámites. Con la plataforma Digipris se han procesado más de 272 mil asuntos, lo que también contribuye a la sustentabilidad, pues se avanza hacia la eliminación de uso de papel. Además, se garantiza la trazabilidad de cada trámite, la transparencia, rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En colaboración con las autoridades estatales de protección contra riesgos sanitarios, la Cofepris aplica un programa de videovigilancia con mil 25 cámaras de solapa para igual número de verificadores en zonas estratégicas de áreas de atención personalizada al sector regulado.

Con la videograbación se busca proteger la integridad de los inspectores, quienes con frecuencia son intimidados y, en algunos casos, acusados injustamente. Además, se da certeza a los regulados de que la atención, los trámites y las verificaciones estarán libres de actos discrecionales.