Capital
Ver día anteriorSábado 13 de enero de 2024Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Plantea Morena en el Congreso castigar huachicoleo de agua
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de enero de 2024, p. 26

Para combatir el saqueo de agua potable en la ciudad, la bancada de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa que sanciona con prisión hasta por seis años a quien sustraiga y distribuya ese recurso obtenido de fuentes de abastecimiento y use la infraestructura hidráulica sin permiso o autorización de la autoridad competente.

De hecho, el proyecto del diputado Nazario Norberto retoma con modificaciones en su redacción la reforma que aprobó el Congreso del estado de México en 2022 para tipificar y sancionar esa conducta en el Código Penal de dicha entidad, al agregar un capítulo con la misma denominación que propuso el legislador capitalino de delitos contra el servicio público y distribución del agua, y prevé aumentar la pena en 50 por ciento cuando sea cometido o facilitado por servidores públicos.

El Código Penal vigente prevé de cinco a 10 años de prisión por despojo de aguas, en términos de la conducta prevista para la ocupación ilegal de un inmueble y haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.

El tema no había sido abordado por los legisladores locales, según el registro de iniciativas turnadas a la Comisión de Gestión Integral del Agua que preside la panista Adriana Gutiérrez Ureña, hasta ahora que el gobierno anunció que trabaja en un proyecto de reforma luego del operativo que se realizó para desmantelar una toma clandestina en el pueblo Magdalena Petlacalco, en Tlalpan.

La mayoría de las iniciativas presentadas se centraron en legislar sobre mecanismos de captación, almacenamiento y uso de agua pluvial y su aprovechamiento.

En su exposición de motivos, señala que la capital enfrenta una grave crisis de agua debido al crecimiento poblacional, la sobrexplotación de los acuíferos, el desperdicio y las fugas, la contaminación, el cambio climático y la falta de infraestructura adecuada; estima que alrededor de 15 por ciento de la población sufre desabasto –un millón 300 mil personas–, aunado a que el suministro depende principalmente de fuentes externas, lo que implica un alto costo económico, social y ambiental.