Ante la falta de una normativa sobre responsabilidad ambiental, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) presentó al Congreso local una propuesta de ley en la materia, que considera multas económicas, responsabilidad penal y mecanismos de justicia restaurativa.

Desde 2018, autoridades federales llamaron a todas las entidades de la República a desarrollar y aplicar una normativa estatal sobre responsabilidad ambiental, lo que no ha ocurrido en la Ciudad de México.

Si bien la Ley Ambiental de Protección a la Tierra contiene un capítulo sobre el tema, la PAOT propuso derogarlo a fin de crear una ley que establece como daño ambiental cualquier acción u omisión con residuos de manejo especial, de residuos sólidos urbanos, contaminación y destrucción de áreas verdes naturales protegidas, de valor ambiental y suelo de conservación.

Dependiendo de la gravedad del daño, las sanciones para personas físicas van de 300 a 50 mil unidades de medida y actualización (UMA) vigentes –entre 32 mil 571 y 5.4 millones de pesos–; y para personas morales, de mil a 600 mil UMA –de 108 mil a 65.1 millones de pesos–. Además, se podrá configurar responsabilidad penal.

Incluso se propone responsabilidad solidaria para socios o accionistas en caso de las personas morales, y considera que si servidores públicos omiten denunciar hechos delictivos ante el Ministerio Público, serán penalmente responsables por el delito de encubrimiento.

La iniciativa propone la reparación del daño a la salud a la persona afectada por la liberación de contaminantes al ambiente, con la cobertura de gastos médicos y un pago de mil 500 a 500 mil UMA –de 162 mil 54 millones de pesos–.

La ley prevé la realización de un procedimiento abreviado cuando la persona demandada acepte y reconozca el daño, con lo que se podría imponer el mínimo de sanción económica y la obligación de reparar íntegramente el daño al ambiente. Incluso se proponen mecanismos alternativos de solución de controversias, como acuerdos o instrumentos de justicia restaurativa.

La propuesta considera que el Poder Judicial establezca juzgados civiles y penales para resolver estos casos.