El secretario personal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Carlos Manuel Hoo Ramírez, alias El Cóndor, promovió un amparo contra la sentencia que se le dictó por delincuencia organizada. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la ministra Margarita Ríos Farjat será la encargada de analizarlo.

Hoo Ramírez fue detenido el 22 de febrero de 2014, junto con El Chapo Guzmán, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Mazatlán, Sinaloa.

En concreto, impugna el artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), que afirma vulnera los derechos de audiencia, defensa, contradicción y debido proceso toda vez que, autoriza el uso de sentencias ejecutoriadas dictadas en procesos penales en los que el justiciable no fue parte.

Alega que durante su proceso se utilizaron testimonios rendidos por testigos protegidos en otros juicios contra Guzmán Loera, que lo señalaron como cercano colaborador del fundador del cártel de Sinaloa por lo menos desde 2001.

Hoo Ramírez fue integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta que fue reclutado por el cártel de Sinaloa, banda en la que se le asignó en un principio el papel de guardaespaldas de El Chapo.

Sin embargo, gracias a sus conocimientos en tecnología de comunicaciones y su entrenamiento militar, muy pronto se le asignaron más responsabilidades, hasta que llegó a ser el secretario particular del capo de esta organización criminal.

Por ello acompañaba a El Chapo en el condominio Miramar de Mazatlán donde fueron arrestados por elementos de la Armada en 2014. Un año después, Guzmán Loera se fugó por un túnel del Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya, estado de México, pero Hoo Ramírez sigue en esa prisión.

En agosto pasado, un tribunal colegiado ratificó la sentencia contra El Cóndor, de 10 años de prisión y 250 días de multa por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Ahora busca que la SCJN revise esta decisión con base en la “interpretación directa de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el colegiado se pronunciara sobre si fue correcta –a su decir– la doble valoración probatoria que hizo la responsable (otorgándoles el valor de prueba indiciaria y plena) de diversos medios probatorios”, según se explica en el acuerdo publicado en los estrados del máximo tribunal.

El caso será revisado en la primera sala de la SCJN en los próximos meses.