El Congreso local fijó 12 meses para realizar de manera simultánea procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, con el fin de enmendar en la Ley de Educación capitalina los artículos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de educación indígena, inclusiva y especial.

Por medio de un acuerdo de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Afromexicanas. que preside Héctor Díaz Polanco, de Morena, junto con las comisiones de Educación y de Inclusión y Bienestar Social, se determinó realizar ambas consultas en seis y cinco etapas, respectivamente, en apego a normas locales y convenciones internacionales.

En junio de 2022 la Corte resolvió un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones de la Ley de Educación local al declarar la invalidez de siete artículos de la sección cuarta relativa a instrucción inclusiva y especial y tres más de la sección quinta en materia de educación indígena, ya que consideró fundado el reclamo de que el Congreso capitalino reguló temas para personas indígenas y con discapacidad sin consultar a ambos sectores.

La Corte dispuso que la invalidez surtiría efecto a los 12 meses a partir de la notificación de la sentencia, el 1º de julio de 2022, a fin de permitir al Legislativo local subsanar la omisión y realizar las consultas correspondientes, pero vencido el plazo esto no ocurrió y los 10 artículos, del 30 al 36 y del 38 al 40, quedaron invalidados desde el pasado 30 de junio.

Hasta el 8 de septiembre el morenista Alberto Martínez Urincho presentó una iniciativa para agregar los artículos invalidados a la ley, que servirá de base para ambas consultas, y el 11 de diciembre se fijó el calendario que incluye la consulta a pueblos y comunidades indígenas con dos meses para la etapa preparatoria, tres para la informativa, uno para la deliberativa, dos de diálogos y acuerdos, tres para la fase de sistematización, informes y protocolización de acuerdos y uno más en la que se discuta y someta a votación del pleno el dictamen correspondiente y plazos similares para la consulta a personas con discapacidad.