Los despidos de trabajadores formales en diciembre de cada año se han mantenido a pesar de la eliminación del outsourcing. Desde 2016 hasta diciembre de 2022, el promedio de despidos es de 336 mil 278 en cada temporada.

Frente a este escenario, firmas de reclutamiento de personal aseguran que este mes se repetirá la estadística; en tanto, las autoridades laborales advirtieron desde inicios de diciembre que las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores.

Cada año, a los despidos en diciembre sigue un repunte en enero de las fuentes laborales. Aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que esta práctica se debía en parte al outsourcing, en diciembre de 2021 (año en que se eliminó esta figura) hubo 312 mil despidos y en 2022 se reportaron 345 mil.

Las estadísticas del presente mes serán reportadas por el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y la STPS hasta enero próximo; no obstante, la firma de capital humano Manpower calculó que se perderán entre 330 y 350 mil puestos formales y para el primer trimestre del próximo año habrá un repunte de 400 mil empleos nuevos.

Práctica irregular

Durante la segunda semana de diciembre, la STPS, el IMSS y el Infonavit expusieron en un comunicado conjunto que identificaron a patrones que históricamente dan de baja a trabajadores en diciembre.

Si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchas de las personas trabajadoras dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes; por tanto, estas bajas son una práctica totalmente irregular, explicaron las dependencias.

De igual forma, detallaron que enviaron cartas a los patrones que presuntamente incurren en estas prácticas para que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente.

El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionar que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales, advirtieron las tres dependencias.