La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise las suspensiones otorgadas por un juez federal contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), entre las que se cuenta un amparo promovido por trabajadores de juzgados adscritos al penal de máxima seguridad de Almoloya, estado de México, quienes alegan que la liquidación de dichos fondos afectaría sus derechos laborales.

En la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 899/2023 la CJEF pide a los ministros revisar la resolución del 27 de noviembre pasado, donde el juzgado primero de distrito del centro auxiliar de la primera región ordenó suspender la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que dispusieron liquidar 13 de los 14 fideicomisos que tenía el PJF.

La suspensión se dio con la admisión del amparo indirecto 2114/2023 que promovieron notificadores, asistentes, técnicos de apoyo y de servicios generales, todos adscritos al Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Carga de trabajo

En noviembre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que todos los juicios de amparo contra la desaparición de los fideicomisos del PJF se concentraran en los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, ya que consideró que este tema podría ocasionar la presentación masiva de demandas de amparo que redundará en la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional.

Este es el primer bloque de seis de amparos gestionados en estas instancias, cuya suspensión se solicita revisar ante la SCJN.

Las demás suspensiones fueron ganadas por jueces, magistrados y, en uno de los casos, por el viudo de una ex trabajadora, quien recibe una pensión complementaria financiada con uno de los fideicomisos que se ordenó desaparecer.