Los diputados del Congreso capitalino aprobaron en comisiones aplicar sanciones penales a quienes ejerzan violencia ácida en la Ciudad de México, considerada como un nuevo tipo de agresión en contra de las mujeres, que consiste en ataques con sustancias químicas o corrosivas que causan o buscan dañar mediante lesiones temporales o permanentes, internas o externas, que pueden provocar discapacidad o poner en peligro la vida.

Las reformas avaladas por los legisladores, luego de que se realizó el foro Ley Malena: no más violencia ácida, adicionan al Código Penal local un capítulo para tipificar sanciones por lesiones por ataques con ácido, con lo que se imponen de ocho a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigente a quien cause daño en la integridad física o salud utilizando diversas sustancias o compuestos químicos en contra de las mujeres.

Dichas penas aumentarán en una mitad cuando se cause deformidad en el rostro, haya daño de órganos o en casos en que la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad. La conducta será considerada como feminicidio en grado de tentativa si el daño físico es permanente, así como llegar a afectar los órganos reproductores sexuales.

Las comisiones unidas de Igualdad y Género y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen para derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal capitalinos, por lo que se prevé que serán votadas por el pleno antes de que concluya el año.

En la reunión, los diputados señalaron que se consideraron las observaciones de las activistas y organizaciones, particularmente el trabajo realizado por la saxofonista de origen mixteco María Elena Ríos.

Estado de bienestar

En otro tema, el gobierno capitalino enviará al Congreso local una iniciativa para abrogar la Ley de Desarrollo Social y en su lugar establecer la del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, en la que se plantea la formulación de un programa especial con vigencia de seis años, al inicio de cada gestión, para la planeación y orientación de políticas públicas.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, destacó que la Ciudad de México es el gran laboratorio de las políticas sociales más avanzadas, con repercusión nacional, por lo que ahora se busca no sólo que haya programas sociales, sino derechos integrales que lleven a la construcción de un Estado de bienestar.