En la Ciudad de México se levantan 30 denuncias mensuales, en promedio, relacionadas con presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos, informó el fiscal especializado en combate a la corrupción Rafael Chong Flores.

En el segundo foro sobre los retos, riesgos y vulnerabilidades del combate a ese flagelo, organizado por el InfoCDMX, el fiscal informó que del 1º de mayo de 2021 a la fecha se han iniciado 625 carpetas que han dejado 96 servidores públicos vinculados a proceso y 20 órdenes de aprehensión.

Las acusaciones versan principalmente por presunto abuso de funciones, prevaricación –que es el delito por el que una autoridad, juez o servidor público dicta una resolución arbitraria a un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley–, abuso de autoridad, discriminación, ejercicio ilegal de funciones y retardo de justicia.

Indicó que uno de los retos de la fiscalía es cumplir con lo señalado en la Constitución: esclarecer hechos, proteger al inocente, castigar y reparar los daños.

Tenemos que buscar la cultura de la denuncia, pero una que tenga pruebas suficientes. También se requiere un presupuesto adecuado, porque no alcanza el dinero para que la procuración de justicia pueda ejercer sus funciones. También falta interoperatividad con las autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera, para dar prontitud a los casos.

En eso también coincidió la especialista Daniela Arellano Perdomo, quien mencionó que es indispensable dar celeridad a las investigaciones, sobre todo en el ámbito electoral, cuyos procesos son expeditos, pues algún candidato investigado a prácticas de financiamiento ilegal puede llegar a un puesto político, aunque años después se compruebe la procedencia ilícita de los recursos de su campaña.

En el INE es difícil detectar recursos de procedencia ilícita, se necesita de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República para una investigación a fondo. Una sola autoridad no puede resolverlo por sí sola, es también potestad de la autoridad judicial, agregó Arellano, quien mencionó que la coordinación es fundamental en ese aspecto.