La ministra Ana Margarita Ríos Farjat propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inválidos cuatro artículos del Código Penal Federal (CPF) que aún castigan con cárcel a las mujeres que recurren al aborto voluntario en cualquiera de sus hipótesis.

Es un caso similar al de la semana pasada, cuando se invalidaron normas similares del Código Penal de Aguascalientes, pero ahora se trata de normas federales, además de que se propone darle efectos retroactivos a la sentencia, por lo que todas las personas actualmente encarceladas o bajo proceso por violar estas porciones normativas podrán salir en libertad y ser exoneradas.

Se trata de los artículos 330, 331, 332 y 333 del CPF que castigan la interrupción voluntaria del embarazo hasta con cinco años de prisión, incluyendo a aquellas intervenciones derivadas de una violación.

El obligar a una persona gestante a soportar el embarazo producto de una violación perpetúa una situación de discriminación estructural que responde al estereotipo de que a ellas les corresponde la función primordial de procrear, aun cuando la concepción se haya dado como producto de una agresión sexual perpetrada en su contra, señala el proyecto de la ministra Ríos.

Uno de los artículos que se plantea invalidar, el 332, enlista algunos factores que permitirían a una mujer que aborte disminuir su pena de cárcel hasta a un año, pero sólo en caso de que no tenga mala fama, haya logrado ocultar su embarazo o que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Al igual que en el caso de Aguascalientes, resuelto la semana pasada, este amparo fue promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), por lo que, en caso de ser aprobado el fallo, la protección de la justicia federal sólo deberá beneficiar a las mujeres y personas con capacidad de gestar únicamente en aquellos casos en que sean acompañadas por la asociación civil quejosa, según se aclara en el proyecto.