La decisión de un juzgado federal de ordenar la prisión domiciliaria en favor del general Rafael Hernández Nieto, relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, es otro fuerte golpe de impunidad que acredita que el Ejército Mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos, aseveraron las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas.

Los centros de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Serapaz y Fundar, acusaron a la juez segunda de distrito de mostrar un innegable sesgo en favor del Ejército, ya que –aseguraron– no tienen antecedentes en otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado.

Destacaron que los familiares de los estudiantes desaparecidos están conociendo los detalles de la determinación y en su momento fijarán su postura.

En un pronunciamiento, tras conocerse que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo cambió la medida cautelar a Hernández Nieto, recordaron que el general es expresamente mencionado en los mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, que muestran que tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada.

Dijeron que en dichos mensajes “existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo criminal Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 batallones de infantería”, mientras Nieto era comandante al momento del ataque perpetrado el 26 de septiembre de 2014. Anotaron que además no es la primera vez que el general recibe un inusual beneficio preferencial. En agosto de 2022, expusieron, fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal.