a Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) de 2022 se publicó hace unos días por el Inegi. Este es un documento estadístico, y no de descripción o de análisis, sobre variables económicas relevantes de la situación de las familias.

La información abarca cuatro periodos bianuales de levantamiento de la encuesta: 2016, 2018, 2020 y 2022 y se comparan unos con otros en cuanto a su desempeño cuantitativo. En este caso son significativos los resultados del año 2020, por el severo impacto adverso de la pandemia de covid-19, que afectó el desempeño de tendencia de las variables consideradas. Eso hace más necesario la comparación con los datos de años anteriores.

Así, por ejemplo, el ingreso corriente promedio trimestral de los hogares, de 63 mil 695 pesos en 2022, fue mayor que el de 2020 en 11 por ciento, respecto a 2018 creció 4.6 por ciento, pero estuvo tan sólo 0.2 por ciento arriba del registro de 2016. Son años, estos, en los que en materia de ingreso hay un estancamiento de mediano plazo.

La gran mayoría de los ingresos, dos terceras partes, se origina del trabajo, de estos, 84 por ciento proviene del tipo subordinado. El otro gran componente del ingreso, 17 por ciento, corresponde a las transferencias. De ellas, los dos mayores rubros son las jubilaciones y pensiones 47 por ciento y los programas sociales del gobierno con 16 por ciento del total. Las primeras crecieron 22 por ciento respecto a 2016; las segundas aumentaron 58 por ciento en el mismo lapso.

El ingreso por remesas (denominadas en la encuesta como ingresos provenientes de otros países) llegó en mayo de este año a 5 mil 693 millones de dólares y es la segunda fuente de divisas, luego de las exportaciones de mercancías y supera las de petróleo. Las remesas en enero de 2018 fueron de 2 mil 267 millones. No sólo son un gran subsidio intrafamiliar, especialmente en los tres primeros deciles de los hogares (los de menores ingresos) donde representan alrededor de 30 por ciento. Son, también, una forma de subsidio para el gobierno.

En cambio, las transferencias en especie, que son principalmente las asociadas con la salud y la educación cayeron 39.1 por ciento entre 2016 y 2022, 30 por ciento respecto a 2018 y 9.9 por ciento en términos de 2020. Este es claramente un asunto clave en las condiciones de bienestar de la población, con un impacto en el presente y que se extiende a un futuro indeterminado.

En ambos casos las políticas públicas son erráticas y sin rumbo claro de mejoramiento sostenido. La población con más bajos ingresos es la que resiente en mayor medida las consecuencias en esos campos de modo intertemporal. En materia educativa se trata de una verdadera imposición ideológica sin asidero en las necesidades reales de la gente, sean intelectuales (término demonizado entre los responsables de la política educativa) o materiales. En cuanto a la salud no hay ninguna evidencia de que el sistema cumpla con los requerimientos de servicios médicos y la provisión de medicinas.

Siguiendo con el renglón de transferencias, las becas del gobierno y las instituciones cayeron en 2022, en un monto equivalente a 37 por ciento respecto a 2016. Los beneficios derivados de programas gubernamentales crecieron significativamente, 58 por ciento frente a 2016, 100 por ciento a 2018 y 33 por ciento entre 2020 y 2022. En este ámbito, hay programas de tipo universal como la pensión a adultos mayores que no diferencian entre los más pobres y ricos y otras de tipo focalizado. Los primeros son más fáciles y baratos de implementar y sus objetivos se cumplen más pronto, pero son ineficaces para los propósitos de aminorar la inequidad planteados por el gobierno. El problema en ambos casos es mantener la disponibilidad de recursos para pagarlos y, sobre todo, garantizarlos.

Los hogares del primer decil tuvieron en 2016 un ingreso promedio trimestral de 11 mil 141 pesos, en 2022 la cifra fue 13 mil 411 pesos, 20 por ciento mayor. Es relevante considerar explícitamente ambas mediciones y advertir en especial las cantidades monetarias que son realmente muy reducidas. Las personas viven de esas cantidades y no de los porcentajes.

El año pasado se registró una inflación muy alta; los hogares de menores ingresos (deciles 1 a 3) destinaron entonces entre 56 por ciento y 37 por ciento del ingreso al gasto en alimentos (frente a 23 por ciento y 14 por ciento de los tres deciles de mayores ingresos). En el caso de los combustibles ocurre lo contrario; el decil I destinó 2.9 por ciento del ingreso trimestral corriente a ese rubro, mientras el decil X destinó 4.4 por ciento, un subsidio universal, al precio de la gasolina.

La desigualdad económica en México sigue siendo muy grande. El cálculo del índice de Gini indica que la distribución del ingreso ha mejorado: el ingreso de los hogares más pobres habría crecido en mayor proporción que el de los ricos. Al respecto vale considerar la apreciación del Evalúa (Consejo de Evaluación de la Ciudad de México) sobre la tendencia a la subdeclaración de los ingresos en las encuestas, como la Enigh. Esto se asocia con cuestiones como el desconocimiento de los ingresos totales del hogar; con el reporte menor por recelo a decir al encuestador cuánto se percibe; el temor a la autoridad fiscal o, de plano, un rechazo a contestar. Este aspecto no es meramente anecdótico.