A petición de Morena, la Comisión Permanente del Congreso apremió a las comisiones de trabajo en el Senado a elaborar los dictámenes necesarios para desahogar 76 nombramientos pendientes, entre ellos de más de 50 magistrados electorales, así como de integrantes de organismos autónomos, algunos vacantes desde hace más de dos años.

Es necesario que los legisladores de todas las fuerzas políticas trabajen juntos para garantizar que todos los nombramientos se hagan de manera objetiva y basada en los méritos, sin importar la afiliación política, se resalta en el escrito del morenista César Cravioto.

Expuso que a la oposición sólo le interesa cubrir las tres vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, pero se deben priorizar los 76, ya que al politizar uno o más en particular se obstaculiza el proceso legislativo y se retrasa aún más la designación.

Es fundamental, agregó, que se dejen a un lado las diferencias políticas y todos los grupos trabajen en colaboración, para garantizar que se desahogue el rezago.

En el grupo mayoritario hay preocupación porque buena parte de los legisladores están inmersos en el proceso electoral y es necesario avanzar en los nombramientos pendientes, ya que este año les llegarán nuevos, entre ellos, los 72 magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por ello, llevó la propuesta de que se haga una excitativa a las comisiones de trabajo que tienen que ver con los 76 nombramientos sin resolver que elaboren los dictámenes. Entre éstos destacan 42 magistrados de tribunales electorales locales –22 pendientes desde 2021 y 18 a partir de este año–, además de cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; rodos deben calificar las elecciones de 2024.

Asimismo, entre otros, falta por nombrar un magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, un consejeros consultivo de la CNDH, tres magistrados del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario, cinco consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República.