Madrid. El derechista Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox sellaron un polémico acuerdo para asumir el gobierno autonómico en Extremadura, región históricamente gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que pasará por primera vez a manos conservadoras.

El pacto supone un avance en el control institucional de Vox, la formación que defiende ideas xenófobas, racistas, homófobas y que niega la existencia de la violencia de género y el cambio climático.

La mancha de la extrema derecha crece sin tregua en España. En esta ocasión, es la región de Extremadura la que tendrá un gobierno de coalición, que estará presidido por María Guardiola, del PP, quien precisamente hace sólo una semana se negó a negociar con Vox al considerarlo un partido que deshumaniza a la migración y que es capaz de tirar a la basura la bandera del movimiento LGBT.

Guardiola cedió a las presiones de su partido y selló la alianza, en la que cedió una consejería a Vox, lade ganadería y medio rural. Esta alianza es fruto de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en las que la derecha del PP logró una victoria aplastante sobre la izquierda y en las que se confirmó la desaparición de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP) en algunas regiones estratégicas del país, como Madrid y Valencia.

Con estos comicios se forjaron alianzas de gobierno o parlamentarias entre el PP y Vox en otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Aragón y en ciudades tan importantes como Valencia, Sevilla, Córdoba, Granada, Badajoz, Valladolid y Salamanca, entre otras.

Gracias a estos acuerdos con el PP, la extrema derecha de Vox logra el mayor poder institucional de su corta historia, con el control de varias presidencias de Parlamentos regionales (Islas Baleares, Aragón y el de Valencia), además de tener vicepresidencias y consejeras en varias autonomías, como Extremadura y Castilla y León.

Estos pactos entre la derecha española con Vox ha sido motivo de debate de la campaña electoral ante los comicios generales del próximo 23 de julio, que el actual presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, decidió convocar de forma prematura ante el batacazo de su partido en las elecciones del 28 de mayo.