La justicia federal tomó ayer la declaración inicial de ocho militares detenidos el pasado martes por su presunta participación en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Los ocho integrantes del Ejército son parte del grupo de 16 militares en contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión. Como estaban en activo, fueron detenidos de inmediato y permanecerán recluidos en la prisión militar del Campo Militar Número 1.

Los militares se encuentran a disposición de la jueza segunda de distrito con sede en Almoloya de Juárez, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien llevó a cabo la diligencia conforme al anterior sistema de justicia penal, por tratarse de un caso ocurrido en 2014.

Los ahora detenidos pidieron la duplicidad del plazo constitucional (de 72 a 144 horas) para que se resuelva su situación jurídica y la jueza determine si existen evidencias para dictarles auto de formal prisión o de libertad por las acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada.

En agosto de 2022 ya habíaórdenes de aprehensión por los hechos de Iguala de 2014 en contra de los 16 militares, pero de pronto esos mandamientos judiciales fueron cancelados y apenas ahora reactivados.

Una rectificación

Los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones humanitarias Serapaz y Fundar, consideron que el nuevo libramiento de órdenes de aprehensión es una rectificación que, de traducirse en la apertura de procesos legales, puede contribuir a que avance la justicia en el caso.

Enfatizaron que la reactivación de esas órdenes había sido una exigencia constante de las familias de los estudiantes, luego de que fueron arbitrariamente suspendidas por una intrusión ilegal en la investigación.

En una declaración, las agrupaciones recordaron que esa intromisión motivó la salida de Omar Gómez Trejo, quien era jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) o fiscal especial.

En agosto de 2022 se libraron 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos castrenses y personal de tropa del 27 y 41 batallones de la ciudad de Iguala, pero después fueron canceladas.

Para que la reactivación y ejecución de órdenes de aprehensión contra militares se traduzca en un verdadero avance hacia la justicia, aún debe dictarse auto de formal prisión contra dichos servidores públicos castrenses por parte del juzgado que conoce la causa, manifestaron las organizaciones.

El martes pasado, autoridades federales señalaron que la petición y obtención de órdenes de captura solicitadas por la Ueilca se sustentan en los mismos hechos por los cuales esa fiscalía decidió en 2022 no cumplimentar los mandamientos y retirar los cargos.

Para retirar las peticiones de captura, la fiscalía consideró que los militares en ninguna declaración ministerial fueron señalados de haber retenido o participado en la desaparición de los normalistas.

También alegó que, durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014, los efectivos acudieron a la Clínica Cristina de Iguala, a brindar apoyo a algunos de los estudiantes que recibían atención médica y que luego los militares patrullaron la ciudad.