En el país, 330 individuos están inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), y 293 han sido penalizados.

Este tipo de agresión es uno de los aspectos que los Observatorios de Participación Política de las Mujeres han contribuido a visibilizar y sancionar, expuso a La Jornada Anabel López Sánchez, directora para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los observatorios, dijo, no sólo han contribuido a aumentar el número de candidatas que los partidos postulan a cargos de elección popular, sino también han impulsado acciones afirmativas, por ejemplo para que los órganos de votación hagan lineamientos y procedimientos que permitan que las aspirantes tengan mejores condiciones para participar.

En el ámbito político las agresiones de género son principalmente: amenazas, violencia física y mediática. Esta última “es la que más ocurre, de acuerdo con datos del INE.

Otras intimidaciones

“La de tipo sicológico es una constante: intimidación, menosprecio e injurias, y además (los agresores) se meten con sus vidas personales: con quién están casadas, con quién viven, quiénes son sus hijos y sus padres. Recuerdo cuando Indira Vizcaíno (actual gobernadora de Colima) era candidata.

Todos los señalamientos de algunos medios locales tenían que ver con su vida privada, nadie cuestiona esos aspectos a los hombres. Eso es agresión política, expuso.

En los espacios virtuales es donde más prolifera, agregó, pues muchas veces se esconde en el anonimato de quienes escriben bajo seudónimos.

Hay varias experiencias de sanciones administrativas de los órganos electorales locales por violencia mediática. Han ordenado bajar páginas de Facebook y que se dejen de publicar ciertas cosas; sin embargo, por la naturaleza de estos espacios masivos y como “las mujeres hemos llegado en masa (a procesos electorales), son 50 por ciento de las candidaturas, eso vuelve más potenciales los casos de agresiones.

El reto es enorme, hay que insistir en la prevención, subraya la funcionaria.

Los partidos tienen la responsabilidad, no sólo de promover la participación femenina, sino también de generar los mecanismos de acompañamiento a sus candidatas para que no estén expuestas. Debe haber respuesta al interior de los institutos políticos y que se permita afinar los procedimientos administrativos de sanción.