Madrid. La sequía llegó este año de forma prematura, y los desastres económico y ambiental afectaron a más de la mitad del territorio español. Ante este panorama, el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó ayer un plan financiero de urgencia, en un Consejo de Ministros extraordinario, con el que pretenden paliar los efectos que está provocando la ausencia de agua en el sector agroalimentario.

El monto inicial es de 2 mil 190 millones de euros, los cuales irán sobre todo para los agricultores que están acumulando pérdidas millonarias porque este años sus producciones de olivas, cereales, melones, arroz o tomates, entre otros, no podrán salir adelante.

La Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG), en la que están representadas todas las regiones del país, advirtió hace más de un mes sobre un desastre inminente y que, hasta ahora, el porcentaje del campo afectado pasó de 60 a 80 por ciento, mientras la pérdida la superficie de cereales aumentó de 3.5 millones de hectáreas a 5 millones.

No es un problema nuevo. Ante los efectos del cambio climático, la ausencia de lluvias y el aumento de la temperatura ambiental, la situación se agravó en los recientes cuatro años de forma exponencial.

De ahí que se registraron numerosas movilizaciones de agricultores y ganaderos contra la inacción del gobierno central, el responsable de gestionar las Confederaciones Hidrográficas de los distintos ríos y embalses en el país y que son finalmente los que abastecen de agua a la ciudadanía, agricultores y ganadores.

Sien embargo, los embalses del país, que almacenan agua pluvial, se encuentran a 48.9 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Ante la inminente cita electoral del 28 de mayo, cuando se renovarán los municipios y la mayoría de las comunidades autónomas del país, el gobierno se vio obligado a hacer un consejo extraordinario, precisamente para evitar que coincidiera con el inicio de la campaña política oficial.

El plan, a pesar de su carácter urgente y extraordinario, requerirá de varias semanas para su aplicación, pero el propósito es que se destinen 784 millones de euros al sector primario, de los cuales 636 millones serán para ayudas directas.

Habrá 355 millones de euros para los sectores ganaderos, cárnico y lechero; 276 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura. Se incluyó una partida de 40.5 millones para contratar seguros agrarios y el aplazamiento del pago de cuotas sociales durante cinco meses para más de 730 mil trabajadores.

También permitirá la reducción de peonadas (las jornadas en el campo) para acceder al bono de desempleo agrario, así como la exención del impuesto sobre las personas físicas y de sociedades por las ayudas de la Política Agraria Común y la ampliación del periodo del trámite para solicitudes de subsidios comunitarios, al 30 de junio.

El gobierno pretende, dijo, extender el plan al 15 de septiembre, basándose en las previsiones de los organismos de meteorología del país, que vaticinan la peor crisis para el campo: no lloverá hasta dentro de tres o cuatro meses, mientras hay regiones que llevan más de 140 días sin ver caer agua del cielo.